El camino pedregoso de Colau hasta las elecciones municipales
Cataluña
Colau niega que coaccionara a un fondo de inversión para que ofreciera alquiler social a familias vulnerables
La alcaldesa acusa a la ministra de Economía, Nadia Calviño, de ser «portavoz de los lobbies inmobiliarios» y de querer frenar la ley que regula los precios del alquiler
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha negado ante la juez que la investiga por presunta prevaricación y coacciones, que interviniera en los procesos sancionadores contra el fondo inversor Vauras, por no ofrecer un alquiler social a familias vulnerables. De la misma forma que tampoco intervino en concesiones de licencias a la empresa, ni participó en reunión alguna con los representantes de Vauras.
Es lo que ha declarado ante la titular del Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona que investiga a Colau; a dos concejales del consistorio, Lucía Martín y Marc Serra, y a una funcionaria por presuntas coacciones a Vauras.
Colau también ha negado, a preguntas de la fiscalía, que hubiera dado instrucciones a los Mossos, a través del que fuera consejero de Interior, Miquel Buch, para entorpecer el desahucio del 'Bloc Llavors'. También ha negado que diera indicaciones a los Servicios Sociales para intervenir en el procedimiento y que los expedientes sancionadores a Vauras los tramité el Instituto Municipal de Vivienda a propuesta de los servicios jurídicos.
En la querella presentada por la empresa, se recoge que en dos reuniones, en octubre de 2019 y febrero de 2020, los dos concejales y la funcionaria habrían presionado al fondo para que cediera viviendas sociales a cambio de no paralizar determinadas licencias de obras o desbloquear las que ya tenía paralizadas en otros inmuebles de la ciudad. Según la querella, estas denegaciones o cambios serían consecuencia de no haber cedido pisos sociales en el 'Bloc Llavors' o no haber ofrecido un alquiler social a seis familias, que según Vauras, no habían podido acreditar su vulnerabilidad. Lo cierto es que el consistorio sancionó con 427 mil euros al fondo inversor.
Colau pide a Sánchez que demuestre que el presidente es él y no Calviño
En una comparecencia posterior ante los medios de comunicación, la alcaldesa de Barcelona,ha dicho que confía en la justicia y por lo tanto, en que «la querella será archivada», como ya le ha ocurrido hasta en once ocasiones anteriores. Lo que verdaderamente preocupa a Colau, dice, «no es que este fondo buitre u otros fondos, o que un lobby me lleve al juzgado a declarar. Pero sí que los fondos buitres puedan seguir especulando con total impunidad y echando a los vecinos de los inmuebles» por el incremento de los precios de los alquileres.
En este sentido, Colau dice que «estamos cansados de sentirnos solos», en esta lucha para «parar los pies» a los que ella ha calificado de especuladores. Y de ahí la necesidad de que se apruebe la ley para limitar los precios del alquiler. Y ha hecho un llamamiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que «cumpla su palabra» y «ponga orden en esta selva inmobiliaria». En definitiva, ha dicho, que «demuestre que el presidente es él, y no la señora Calviño o el señor Clos» y garantice el derecho a la vivienda y proteja a los más vulnerables.
Y es que la alcaldesa ha lanzado una andanada importante contra la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la que ha acusado de ser «portavoz de los lobbies inmobiliarios», y por lo tanto, de «querer descafeinar» al máximo la ley o de paralizar su tramitación. También ha acusado al exalcalde de Barcelona, Joan Clos (del PSC), de tener las mismas intenciones, porque actúa como portavoz de las grandes inmobiliarias «que quieren pararla».
La semana pasada declararon en el juzgado la concejal de Vivienda, Lucía Martín, y el del distrito de Sants-Montjuïc, Marc Serra. Ambos aseguraron que siempre actuaron dentro de la legalidad en relación a las sanciones a Vauras, y que tanto ellos como la funcionaria que también está siendo investigada, cumplieron la ley de vivienda catalana que obliga a los grandes propietarios a ofrecer vivienda social a las familias que no pueden pagar el alquiler.
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