El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tras ser elegido nuevo presidente del Consell per la República
El laberinto catalán
Once ayuntamientos catalanes prescinden del DNI e implantan un carnet de la república catalana
El falso documento identificativo puede solicitarse, previo pago de 12 euros, en la página web del Consell de la República
El denominado Consell de la República, un falso parlamento a las órdenes de la Casa de la República, el lugar en Bélgica donde Carles Puigdemont ha fijado su residencia desde que huyó de la justicia española, impulsó hace algo más de un año un DNI de la república catalana denominado Identidad Digital Republicana (IDR). El falso documento identificativo puede solicitarse, previo pago de 12 euros, en la página web del Consell de la República, un sitio web que pretende dar la sensación de página institucional propia de cualquier país democrático, pero que no es más que una ensoñación al estilo de Sealand, la plataforma petrolífera abandonada en el Mar del Norte donde unos desaprensivos también intentaron hacer negocio expendiendo falsos pasaportes de un país inexistente.
La realidad es que el falso documento identificativo, que, aunque pretende que sus titulares vivan sin tener relación alguna con España, tiene un coste equivalente al del DNI, ha empezado a ser adoptado por algunos ayuntamientos independentistas catalanes que lo admiten para realizar peticiones al registro, apuntarse en el gimnasio municipal o incluso prevén que pronto se puedan pagar impuestos. El primer municipio catalán que lo admitió fue el ilerdense Torres de Segre, un municipio de 2.200 habitantes gobernado por Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont y Xavier Trias.
Lo que podría parecer una excentricidad ha alcanzado ya a ciudades de peso como Vic, zona cero del independentismo catalán. La capital de Osona, en la provincia de Barcelona, de casi 50.000 habitantes, también está gobernada por Junts, pero algunos municipios en manos de ERC, como Amposta, capital del Montsiá, al sur de Tarragona, de 21.000 habitantes, también están implantado la tarjeta puigdemoniaca para evitar el uso del DNI. En total, más de 102.000 personas pueden realizar gestiones hoy frente a sus ayuntamientos sin usar el DNI.
El municipio natal de Carles Puigdemont, Amer, en Gerona, cómo no, también permite el uso de la tarjeta. Los municipios que afirman haberse liberado del uso del DNI son en total cinco de ERC, cuatro de Junts, uno de la CUP y otro independiente. Dicha implementación puede traer consecuencias para los alcaldes de estos municipios dado que la organización anti independentista Convivencia Cívica Catalana ha denunciado frente a los tribunales de justicia los convenios para uso de la tarjeta firmados entre estos ayuntamientos y el Consell de la República con sede en Bélgica.
Las subdelegaciones del Gobierno en ninguna de las cuatro provincias catalanas ha actuado para evitar el uso de un pseudodocumento que expertos juristas consultados por El Debate consideran que convierte cualquier gestión administrativa en un acto nulo. Estos juristas también ponen el acento en el hecho de que desde la administración se pueden hacer listas de ciudadanos que, aunque residen en los municipios que han firmado convenios con Puigdemont para usar el falso DNI, no han adaptado la tarjeta de identificación independentista, lo que abre la puerta a persecuciones de índole político o a vulneraciones a derechos fundamentales, como el de la libertad de opinión y secreto del voto.
Desde la residencia de Puigdemont en Waterloo afirman que están a la expectativa de los resultados de las elecciones municipales del próximo día 28 para poder ampliar el número de municipios que prescinden del DNI para gestiones administrativas. Los convenios que firman con los municipios se convierten en una fuente de ingresos para las arcas de Puigdemont, que necesita recursos para mantener su estructura belga.
Algunos secretarios municipales, que prefieren no ser citados por temor a ser señalados por el independentismo o tener problemas en sus ayuntamientos, indican que los acuerdos entre los municipios y el Consell de la Republica vulneran la ley de contratación de las administraciones públicas, dado que la organización de Puigdemont es privada y, en cualquier caso, para la expedición de cualquier documento identificativo sería preciso convocar un concurso público, con lo cual las adjudicaciones podrían suponer un delito de prevaricación.
La tarjeta también es valida para ciertas empresas que se publicitan en la web de Puigdemont. Estas empresas privadas permiten su uso para darse de alta como clientes. Es el caso de compañías de suministros como Petrolis Independents, la eléctrica Catllum, la gasista Cat Gas o el operador teléfonico Parlem Telcom, una empresa que declara tener 184.000 usuarios. Incluso una mutua de accidentes de trabajo, Mutuacat, acepta el IDR como elemento identificativo de sus mutualistas.
Comentarios
