Panorámica de parte de la costa murciana
Sánchez quiere derribar 86.000 casas en la costa por el cambio climático: «Basta con que llegue un poco de arena»
Manuel López, portavoz de Somos Mediterrania, revela a El Debate que la intención del Gobierno es que «bastaría con que llegue una ola, una salpicadura o existiera arena, incluso bajo tierra, para considerar ese terreno dominio público, y por tanto usurparlo y derribarlo»
La Ley de Costas del Gobierno de Pedro Sánchez no da tregua a los vecinos del litoral español. Según ha denunciado recientemente el senador del PP Francisco Bernabé en una sesión plenaria de la Cámara Alta, la intención del Ejecutivo central es derribar 86.426 viviendas en toda España.
Esto significa que lugares como Cabo de Palos (Murcia) o enclaves de las costas de Baleares, Cantabria o Valencia tendrán que ver en los próximos meses cómo el Ministerio de Transición Ecológica tira abajo sus casas en pos de la protección de las costas y con el cambio climático como bandera.
Vecinos de Babilonia, localidad cuyas casas el Gobierno quiere expropiar
Es por esto que el Partido Popular ha llevado a las Cortes por cuarta vez en lo que va de legislatura la «injusta» Ley de Costas del Gobierno de Sánchez, para continuar con su cruzada contra esta norma que afecta a la vida de decenas de miles de españoles.
«Estamos hablando de familias que compraron sus viviendas de una forma totalmente legal hace ya muchas décadas y que están viendo cómo ahora el Gobierno socialista no quiere respetar ni la propiedad privada ni el principio de seguridad jurídica, pues les quieren privar de sus propiedades sin darles absolutamente nada a cambio», sostiene el parlamentario.
Por su parte, Manuel López, portavoz del movimiento cívico Somos Mediterrania, que agrupa a más de 50 asociaciones, ha declarado en conversación con El Debate que el dato aportado por el PP tan solo es «una primera aproximación» y que la cifra de afectados podría ser mucho mayor.
Una familia en la playa de Babilonia en el siglo XX
Recuerda en conversación con este medio que es cierto que España debe modificar la legislación porque la Unión Europea exige que las concesiones no se prorroguen automáticamente, sino que, una vez extinguidas, vuelvan a salir a concurso para garantizar la libre competencia; sin embargo, aclara que «el problema es que el Gobierno quiere aprovechar esa obligación para introducir otros cambios que ya intentó aprobar en 2022 y que el Tribunal Supremo anuló», entre los que se incluyen estas expropiaciones.
Asimismo, revela que el polémico Reglamento de Costas de 2022 se aprobó sin información pública ni consulta previa. «El 2 de agosto apareció publicado en el BOE sin que nadie hubiera podido participar en su elaboración», señala. Asimismo, relata que la intención del Gobierno es que «basta con que llegara una ola, una salpicadura o existiera arena, incluso bajo tierra, para considerar ese terreno dominio público, y por tanto usurparlo y derribarlo».
Las vías legales de los vecinos
Explica, además, que el Ministerio de Transición Ecológica pretendía, por ejemplo, demoler las casas de Babilonia, en Comunidad Valenciana, el pasado 15 de septiembre, pero la Generalitat aprobó una ley de protección del litoral que considera estos núcleos tradicionales como patrimonio etnológico.
«Gracias a esa norma se paralizaron los derribos. Sin embargo, el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional precisamente el artículo que protege esos núcleos históricos. Estamos pendientes de lo que decida», asegura López.
Viviendas de la playa de la Babilonia, en Guardamar del Segura, que el Gobierno quiere derribar
Por otro lado, la Audiencia Nacional ha admitido una revisión extraordinaria del caso de Babilonia. «Cuando solicitamos la prórroga de las concesiones, Costas la denegó alegando el mal estado de la playa. Posteriormente, aparecieron estudios internos del propio Ministerio que advertían de que las obras realizadas en la desembocadura del Segura provocarían precisamente la pérdida de arena», apunta.
El problema de la Ley de Costas
La Ley de Costas de 1988 acumuló miles de quejas en toda España y llegó hasta la Comisión Europea. El Parlamento Europeo resolvió en contra del Estado español y expuso que la ley era arbitraria, que no protegía el medio ambiente y que debía reformarse. Esa reforma llegó en 2013, bajo el mandato de Mariano Rajoy, dando oxígeno a núcleos históricos como Babilonia, Nules, El Perelló, la Marina o Torreblanca. Pero López sostiene que no se aplica porque el funcionariado la bloquea.
«La reforma de 2013 permitía mantener viviendas históricas, pero sigue habiendo muchas trabas. Ahora hay dos propuestas de reforma legislativa, en Senado y Congreso, bloqueadas por la Mesa del Congreso, que impide que se debatan», critican desde Somos Mediterrania. «La Administración quiere hacernos responsables de la desaparición de playas, cuando la causa real es su gestión. Los estudios técnicos lo demuestran. Quieren que las víctimas parezcamos culpables», concluye.
