PP y Vox buscan frenar el intento de los socios de Sánchez de despenalizar las ofensas a los sentimientos religiosos y las injurias a la Corona

El PP y Vox tratarán este martes en el Congreso de frenar el intento de Sumar por eliminar del Código Penal las injurias a la Corona, los ultrajes a los símbolos nacionales y las ofensas a los sentimientos religiosos. Ambos partidos de la oposición defenderán en un Pleno extraordinario sendas enmiendas a la totalidad de la ley orgánica presentada por el socio de coalición de Pedro Sánchez, que llegó a un acuerdo con los socialistas el mes pasado para llevar a trámite esta iniciativa, que fue la primera que registró Sumar esta legislatura.

El partido de Alberto Núñez Feijóo remarca en su texto que el legislador de 1995 –cuando se aprobó la ley orgánica del Código Penal– «redactó todos los tipos penales contenidos en dicha norma con 'especial mesura' y dando especial relieve 'a la tutela de los derechos fundamentales'», por lo que considera «innecesaria la modificación» de estos delitos, menos su eliminación, a excepción de unos cambios que propone introducir en lo que respecta al delito de enaltecimiento del terrorismo que recoge el artículo 578 de nuestro Código Penal.

En concreto, los populares quieren modificar este artículo para que se castigue con pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 18 meses «la convocatoria, promoción, realización de actos o la difusión y exhibición de mensajes, fotografías, pintadas o carteles que supongan el enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución o de organizaciones o grupos terroristas», así como aquellos que «entrañen descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares».

El PP recuerda que la Constitución recoge como derecho fundamental la libertad de expresión y también que la jurisprudencia remarca que no hay derechos ilimitados. Así, alude a ese «matiz subjetivo» que conlleva esta libertad: «Estas ideas las podemos compartir, aunque sean contrarias a las del resto, pero precisamente para evitar que la expresión libre de las ideas pueda afectar o vulnerar derechos de otros, el Tribunal Constitucional introduce la necesaria aplicación de la ponderación ante los derechos en colisión». Una ponderación que corresponderá a jueces y tribunales.

Al mismo tiempo, subraya que en la práctica, el ejercicio de la libertad de expresión «entra en colisión con frecuencia con los derechos al honor, a la intimidad y la propia imagen» y «suelen vulnerarse la libertad ideológica, religiosa y de culto». Precisamente alude al hecho de que, en el caso de los símbolos nacionales, siendo, como remarca el PP en su texto, el Rey «el primero y principal», con frecuencia se cometen delitos contra el honor, calumnias o injurias al Jefe del Estado o a miembros de la Familia Real o a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por su parte, Vox propone en su enmienda endurecer el Código Penal en el caso de algunos delitos. La formación de Santiago Abascal denuncia que hay fuerzas que persiguen la destrucción de nuestra civilización y que, para atacar la unidad y la soberanía nacional, han recurrido a la injuria y al ultraje «como la falsa coartada de la libertad de expresión» y de normas «tiránicas» que persiguen la libertad de expresión de los que se oponen a su propósito. Así, considera que las normas penales son «el instrumento jurídico más contundente para preservar los bienes más fundamentales» de los miembros de una comunidad.

Vox plantea, por ejemplo, aumentar la pena de multa en el caso de las ofensas o ultrajes a España y a símbolos o emblemas, pasando de 7 a 12 meses como está vigente ahora a un periodo de 12 a 24 meses. Además en este artículo, el 543, propone añadir dos puntos más para castigar que se exhiban en eventos de concurrencia pública, como eventos deportivos, por ejemplo, «emblemas y símbolos cuya significación implique un atentado contra la integridad del territorio nacional». También quiere que se castigue con una pena de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación de 6 a 10 años a la autoridad o funcionario que no coloque la bandera nacional en los edificios o actos oficiales donde manda la ley. Por otro lado, plantea que se modifique la ley del Deporte para aplicar un protocolo que garantice el respeto a los símbolos nacionales.

Asimismo, en lo que respecta a las ofensas a los sentimientos religiosos, quiere incluir que se castigue con pena de multa de ocho a doce meses –que recoge el artículo 525– también al que lo haga «por motivos anticristianos». Y finalmente propone que se incluya como penas privativas de derechos, en el artículo 39, la pérdida de la nacionalidad española para quienes no sean españoles de origen.