Zapatero salvó a UGT de quebrar otorgándole una herencia millonaria que debió repartirse entre los hospitales de Madrid

Un patrimonio destinado a formar y recompensar a los trabajadores y a crear una escuela para hijos de obreros acabó salvando al sindicato UGT de quebrar por una fallida aventura inmobiliaria. Y lo hizo gracias a que el sindicato, con el visto bueno del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pudo beneficiarse de una herencia patrimonial en base a un testamento que ni siquiera hace mención al sindicato.

En 2005, el Ejecutivo de Zapatero aprobó un Real Decreto-ley para ampliar la restitución del patrimonio sindical histórico incautado tras la Guerra Civil. Modificó así la Ley 4/1986 reguladora del patrimonio sindical histórico incautado en una maniobra que posteriormente tumbaría el Tribunal Constitucional, al entender injustificado que el Gobierno esgrimiera «razones de urgencia» para modificar una Ley aprobada nada menos que veinte años antes.

El decreto de Zapatero modificó tres aspectos clave, que afectaron a la definición o determinación de los bienes sindicales y su relación con los sindicatos actuales, a la valoración de los bienes y derechos y a los plazos de presentación de solicitudes.

El gran beneficiado de dichas modificaciones fue UGT. El sindicato, próximo al PSOE, recibió una compensación del Estado en 2006 por valor de 149 millones de euros, que directamente se ingresó en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para compensar una deuda que amenazaba seriamente su viabilidad financiera.

Esta deuda provenía de la malograda promotora inmobiliaria PSV, que impulsó la construcción de miles de viviendas sociales a finales de los 80 y principios de los 90 pero que acabaría quebrando en 1993, con su exgerente, Carlos Soto, condenado por apropiación indebida, y UGT como responsable civil subsidiaria.

El Debate ha tenido acceso al testamento que sirvió de base para la reclamación patrimonial de UGT. Se trata del legado del rico industrial zapatero Cesáreo del Cerro, fallecido en 1915. En el documento lega «a las sociedades obreras que en cualquier época convivan en la Casa del Pueblo situada en Madrid» el equivalente a un millón de pesetas de la época, la mayor parte de ellos en acciones depositadas en el Banco de España.

El industrial precisa no obstante que «las sociedades obreras –más de 80, entre las cuales no figura UGT pero sí la Asociación General del Arte de Imprimir, germen del sindicato, que presidió Pablo Iglesias– «no podrán enajenar ni gravar los bienes que constituyen dicho legado, pudiendo solamente disponer de las rentas que los mismos produzcan».

Del Cerro estableció además claramente que «dichas rentas se invertirán exclusivamente en dar instrucción a los obreros e individuos de sus respectivas familias que pertenezcan a las referidas sociedades». El industrial dio además instrucciones a estas sociedades para que gestionaran el legado en asamblea, otorgando a Pablo Iglesias, mientras viviera, un papel «como asesor».

Para los hospitales de Madrid

Con el legado, que las sociedades obreras acogieron con una gran sorpresa –tal y como recogen los números de entonces del periódico El Socialista, que instalaría su redacción en la casa también legada por el industrial–, se instituyó la Fundación Cesáreo del Cerro y una escuela para niños hijos de obreros, que llegó a tener unos 30. En los años posteriores, antes de la Guerra Civil, el centro ya derivó en un lugar de difusión ideológica con una biblioteca centrada en el movimiento obrero y el socialismo.

La guerra y la posguerra supuso la desaparición de las sociedades obreras y la ilegalización de las centrales sindicales. En este punto se debiera haber activado una cláusula contenida en el propio testamento, que señalaba expresamente que «en el caso de que por cualquier circunstancia se extinguieran o disolvieran todas las sociedades obreras, el importe del legado se distribuirá entre los Hospitales de esta Corte».

El propio testamento atribuye a la diputación de Madrid facultades para retirar del Banco de España las acciones que constituían el legado (cabe recordar que el industrial en ningún momento transmitió a las organizaciones obreras dichas acciones, sino sólo sus rentas) y poner en venta la casa también legada, situada en la calle Carranza de Madrid, «para que el producto de la venta de todo ello se distribuya, según se ha dicho, entre los hospitales de carácter oficial».

«Desde el punto de vista jurídico, esa situación activaba automáticamente la cláusula testamentaria de destino alternativo», señalan a El Debate fuentes conocedoras. Pese a ello, no se hizo, y décadas después UGT reclamó el legado como parte del patrimonio histórico sindical incautado.

El patrimonio «no pertenecía jurídicamente a la UGT ni a personas jurídicas afiliadas, asociadas o vinculadas a ellas»

Este patrimonio «no pertenecía jurídicamente a la UGT ni a personas jurídicas afiliadas, asociadas o vinculadas a ellas», consideran las fuentes. A pesar de ello, el sindicato, dirigido entonces por Cándido Méndez, pudo sortear la quiebra, al pagar la deuda inmobiliaria generada por PSV, beneficiándose de una herencia patrimonial que actualmente estaría valorada en unos 300 millones de euros.

La operación fue entonces y posteriormente cuestionada tanto por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) como por CC.OO. –que incluso la denunció ante el Supremo. Ambos sindicatos apenas se beneficiaron del decreto de Zapatero a pesar de que el primero contaba con un patrimonio sindical muy similar o incluso superior a UGT antes de la Guerra Civil.

El Debate ha contactado con UGT para conocer los argumentos que en 2005 se presentaron ante el Ministerio de Trabajo para defender que el legado correspondía al sindicato, sin haber obtenido por ahora respuesta. En su página web, la central que hoy dirige Pepe Álvarez argumenta en que «el carácter sindical de las sociedades obreras, cooperativas obreras de consumo o de viviendas, mutualidades de trabajadores, sociedades de socorros mutuos y fundaciones ha sido declarado expresamente por el Tribunal Supremo (...), en sentencias que han dejado claro que esas entidades y sus bienes tenían naturaleza y finalidad sindical».