CC.OO. y la CNT intentaron invalidar el «trato de favor» de Zapatero que salvó a UGT de la quiebra

Tanto Comisiones Obreras como la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) intentaron anular la polémica maniobra del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que salvó a UGT de quebrar por un escándalo inmobiliario.

Ambos sindicatos presentaron recursos en el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno de pagar a UGT hasta 149 millones de euros por la devolución del patrimonio histórico derivada del testamento de Cesáreo del Cerro.

Como informó El Debate, Cesáreo del Cerro legó el usufructo de su patrimonio, tras su muerte en 1915, a las sociedades obreras de la Casa del Pueblo de Madrid. El mismo testamento –al que ha tenido acceso El Debate– reflejaba que, en caso de que esta se disolviese –como ocurrió tras la Guerra Civil–, el patrimonio debía repartirse entre los hospitales de la villa de Madrid.

Sin embargo, el sindicato obtuvo ese patrimonio en concepto de devolución tras un Real Decreto-ley aprobado por Zapatero en 2005, que posteriormente tumbó el Tribunal Constitucional. Los fondos se ingresaron directamente en el ICO para devolver una deuda contraída por el sindicato a cuenta de la fallida aventura inmobiliaria de la promotora PSV.

CC.OO. se mostró desde el primer momento en contra de este pago a UGT, al entender que el Gobierno modificó la ley para que UGT pudiera acreditar bienes por valor del dinero que necesitaba para saldar su deuda. El sindicato consideró ya en 2005 que el Ejecutivo de Zapatero «no puede acreditar documentalmente» la restitución, y cuestionó el «oscurantismo» y la «mala fe y la irresponsabilidad del Gobierno».

La operación también exasperó a CNT, el sindicato de raíz anarquista que llegó a ser mayoritario durante la Guerra Civil. «Casualmente (la compensación aprobada por Zapatero) coincidía con la deuda de UGT con el ICO. El dinero no llegó ni siquiera a pasar por las arcas de UGT», según CNT, sindicato que denunció «un trato de favor» a UGT.

Según sus estimaciones, Zapatero apenas les compensó el equivalente al 8 % de lo que benefició a UGT, «y ello que nuestra organización en la época de la incautación tenía mucho más patrimonio y afiliados que aquella otra central ahora afín al partido que gobernaba el Estado».

En 2018, el Tribunal Supremo obligó al Estado a compensar a CNT con otros 2,5 millones de euros, la restitución de dos inmuebles y la valoración y compensación de 16 bienes muebles más. La valoración de los mismos se hizo, no obstante, aplicando las valoraciones de 1986.

Sin embargo, el tribunal rechazó su reclamación respecto a otros bienes, dado que rechazó compensar «por personas jurídicas vinculadas, como sí se hizo a URG con la Fundación Cesáreo del Cerro». El Supremo también cerró la puerta a la pretensión de que las valoraciones de las cuentas bancarias se hicieran partiendo de su valor en el momento de la incautación y no de enero de 1940.