Diputados en el hemiciclo durante una sesión de control al Gobierno
El Congreso vota esta semana el nuevo decreto ley con ayudas fiscales por la crisis en Oriente Medio
Entre las medidas se incluye la reducción del impuesto especial a hidrocarburos, que supone una rebaja de 15 céntimos por litro en julio; 10 céntimos, en agosto; y 5 céntimos, en septiembre
El Pleno del Congreso debatirá y votará en una sesión extraordinaria este jueves, 23 de julio, el nuevo decreto ley que incluye ayudas fiscales para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, que incluye la prórroga del alivio fiscal a los carburantes para los hogares y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía.
Aunque el Gobierno aprobó un primer paquete de medidas para contener las consecuencias de la guerra iniciada en Irán, especialmente en materia de hidrocarburos, contenía limitaciones temporales y algunas de las medidas decayeron al final de junio.
La continuidad del conflicto y las tensiones en los precios energéticos obligaron al Ejecutivo a aprobar un segundo paquete de alivio fiscal. Como todo decreto ley, las medidas están en vigor tras su aprobación en Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, pero tiene que remitirse al Congreso en un plazo de treinta días para decidir si se convalida o se deroga.
Entre las medidas del nuevo paquete se incluye la reducción del impuesto especial a hidrocarburos, que supone una rebaja de 15 céntimos/litro, en julio; 10 céntimos, en agosto; y 5 céntimos, en septiembre. Pese a este alivio fiscal, decae la rebaja del IVA al 10 % de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas.
No obstante, el Gobierno ha incluido una cláusula automática, de vuelta a los 20 céntimos por litro de apoyo, en caso de que el conflicto se recrudezca y la inflación de los carburantes vuelva a disparar.
De la misma manera, el Gobierno ha asegurado que revisará cada mes, de manera constante, la evolución con respecto al IPC del año anterior, y en el caso de haber variaciones que indiquen que está por encima del 15 %, se activarán nuevamente las reducciones tanto para electricidad como para gas en función de ese resultado. En resumen, la cláusula de reactivación será para gasóleo, gasolina, gas y electricidad.
De su lado, se mantiene el descuento equivalente a los 20 céntimos/litro a los carburantes para los profesionales en el caso del sector primario y del sector del transporte. Además, en el caso de la agricultura, se le añaden 165 millones de euros adicionales de ayuda para la compra de fertilizantes a los 500 que ya estaban disponibles.
De igual forma, se prorrogan las condiciones a las empresas beneficiarias de las ayudas, manteniéndose la exigencia de Plan de Movilidad Sostenible para trabajadores y la prohibición de despido por causas derivadas del conflicto para empresas beneficiarias de ayudas vinculadas a la guerra.
Otra de las medidas que se incluyen en el real decreto-ley es la flexibilización para el despliegue de fondos de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según fuentes de Economía, se ha acordado permitir realizar las inversiones más allá de la fecha límite a finales de agosto de aquellos hitos que estén cumplidos pero para los que aún no se hayan completado las inversiones.
El primer Real Decreto-ley aprobado el pasado 20 de marzo ya estableció para todo 2026 el escudo social desplegado por el Gobierno, mediante los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico (42,5 % para vulnerables y el 57,5 % para vulnerables severos), el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición del corte de suministros básicos (agua y energía) a hogares vulnerables.
En total, estas nuevas medidas, de tres meses de vigencia, supondrán un apoyo fiscal adicional de 1.825 millones en términos fiscales presupuestarios para el año 2026, a los que habría que sumarles otros 2.700 millones del descenso en recaudación para el 2027 y 2028 que supone esa eliminación progresiva del impuesto sobre la producción.
En cuanto a las medidas estructurales, para seguir acelerando la implantación de generación renovable y la producción de biogás con el máximo retorno socioeconómico para los territorios próximos a las instalaciones y con el mínimo impacto ambiental, se habilita al Organismo Nacional de Normalización (UNE) a desarrollar con normas técnicas el sello de excelencia social, territorial y ambiental que permite disfrutar de una tramitación preferente a los mejores proyectos.
