La elevación del precio del cemento ha provocado el aumento de costes en toda la construcción en general
Bruselas acusa a Cemex y otras empresas de la construcción de conformar un cartel para elevar los precios
Una decena de empresas y tres asociaciones habrían pactado elevar los precios de los químicos que se añaden al cemento en España, Francia y Alemania
La Comisión Europea ha señalado a una decena de empresas y tres asociaciones relacionadas con la construcción de pactar en España, Francia y Alemania una elevación de los precios de los productos químicos que se añaden al cemento, mortero y hormigón, lo que ha provocado un aumento del coste de la construcción.
Bruselas sospecha que todas las entidades involucradas en este cartel se coordinaron para aumentar el precio de aditivos para mejorar el rendimiento del cemento, hormigón y mortero utilizados en la construcción y que tiene un «impacto directo» en los costes del sector.
Las autoridades europeas de Competencia creen que esta coordinación tuvo lugar entre 2021 y 2022 en el contexto del incremento generalizado de los costes de materias privas provocado, principalmente, por la pandemia de coronavirus y la guerra de Rusia contra Ucrania.
En concreto, las empresas que participaban en dicho cartel coordinaban los comunicados de prensa de las asociaciones nacionales del sector que justificaban los incrementos de precios.
Esta acusación recae en las empresas Cemex, Mapei, Chrysto, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika, TAM, Ha-be, Liesen y Remei. Y también ha implicado a la española Asociación Nacional de Fabricantes de Aditivos para Hormigón y Mortero (ANFAH), así como la asociación francesa SYNAD y la asociación alemana Deutsche Bauchemie, según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
La Comisión Europea realizó inspecciones por sorpresa en las sedes de las compañías en octubre de 2023 y este lunes ha enviado un pliego de cargos a todas ellas para informar de su conclusión preliminar de que dicho comportamiento incumple las normas europeas antimonopolio.
Tras este paso, las empresas y asociaciones involucradas tienen derecho a replicar los argumentos del Ejecutivo comunitario, pero la institución podría imponerles una multa de hasta el 10 % de su facturación global si concluye que hay «suficientes pruebas» que confirman el comportamiento ilegal de las mismas.
