El PP tendrá la llave de la Diputación de Barcelona y Junts puede salir escaldada económicamente

La historia del Ayuntamiento de Barcelona, que acabó con el socialista Jaume Collboni como alcalde, tras el apoyo de comunes y PP, se puede repetir ahora en la Diputación. Un organismo más que goloso que cuenta con un presupuesto de casi 1.300 millones de euros y unos cuatro mil funcionarios.

En la anterior legislatura habían pactado PSC y Junts, pero tras la «operación Barcelona», el alma más radical de la formación, que dirige en la sombra Carles Puigdemont, ha dejado claro que no va a reeditar ese pacto, y va a buscar otra alternativa de gobierno con formaciones independentistas. Y en esta tesitura, el Partido Popular volverá a tener la llave.

La operación es arriesgada para Junts, porque salvo cambio radical de última hora, no conseguirá su propósito, y sin prácticamente poder municipal, se juega su última gran baza: la presidencia de la Diputación de Barcelona.

El papel de los 4 diputados populares

Hay que tener en cuenta que el pleno para constituir este organismo, se celebrará el próximo 13 de julio. Los socialistas, por boca de su candidata a presidir la Diputación, la alcaldesa de Sant Boi Lluïsa Moret, han explicado que las conversaciones con los comunes están muy avanzadas. Ambos partidos, PSC y Comunes, suman 22 diputados, contando los 17 de los socialistas y los 11 de los comunes. El otro posible Gobierno estaría formado por Junts per Catalunya, que cuenta con 12 diputados, y ERC, que tiene 11. Sumarían 23. Pero tampoco les llegaría para la mayoría absoluta, que es de 26. Los independentistas podrían conseguir el favor del diputado de Tot per Terrassa. Y la clave puede estar en los cuatro representantes del Partido Popular. Si se repite la operación del Ayuntamiento de Barcelona y deciden apoyar al candidato socialista, se llegarían a esos diputados que dan la mayoría absoluta. De este modo, los populares vuelven a tener la llave de la gobernabilidad en esta institución.

Y desde el PP siguen defendiendo el apoyo de Daniel Sirera a Jaume Collboni en su investidura como alcalde. Esta misma semana lo hacía el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, quien reprochaba al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, su intención de configurar un frente independentista que quería que el Ayuntamiento de Barcelona «fuera la punta de lanza de este frente contra el futuro Gobierno del PP en España». Y no solo eso. Para Fernández esa operación era necesaria para poner a los independentistas en su lugar, para darles «una cura de humildad». Y les recomendaba que «a llorar, a la llorería», tras la arrogancia y el mal perder que Junts y ERC demostraron tras perder la alcaldía de la capital catalana.

El sueldo de Marcela Topor, en peligro

Y eso que pasó en el Ayuntamiento de Barcelona ha pesado, y mucho, en la decisión de Junts de no reeditar el pacto con el PSC en la Diputación. En este debate se ha impuesto el sector más duro, porque el más pragmático apostaba por mantener el acuerdo con los socialistas, habida cuenta de que el poder municipal de Junts se puede quedar en poca cosa. Le queda el ayuntamiento de Sant Cugat, una población mediana, y solo gobierna en una de las cuatro diputaciones. Hasta Xavier Trias decía no importarle reeditar ese pacto en la Diputación porque los socialistas Antoni Balmón y Núria Marín, a diferencia de Collboni, eran personas de fiar, cumplían la palabra dada.

Y tampoco hay que perder de vista que sin lugar a dudas la Diputación de Barcelona, en el ámbito municipal, es la joya de la corona, con un presupuesto de casi 1.300 millones de euros y con más de cuatro mil funcionarios a su cargo. Y un organismo ideal para colocar a amigos y repartir subvenciones a medios de comunicación afines. Y Junts, si finalmente los socialistas se hacen con la presidencia de la Diputación, perderían, y mucho. Un agujero enorme al que hay añadir el que supuso cuando salieron también del gobierno de la Generalitat. Entonces perdieron 23 millones de euros en sueldos de 300 altos cargos, que están obligados a dar un 4% de sus retribuciones a la formación.

Es cierto que ahora contarán con más diputados, que podrán conseguir algún asesor más (ahora tienen casi 70). Pero en la pasada legislatura estaban en el Gobierno de la Diputación, tenían dos vicepresidencias y tres áreas ejecutivas. Y los que están en la cuerda floja son la docena de asesores que sí están vinculados a esta situación, al Gobierno provincial. Estos asesores cobran, dependiendo de la categoría, entre 4.072,13 euros y 5.819,95 euros. En total, son unos 840 mil euros que se podrían convertir en cero, si no consiguen la Diputación, o aumentarla, si da el otro escenario.

Pero también corre peligro el sueldo de Marcela Topor, esposa del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Formaba parte del pacto entre Junts y el PSC. Desde 2018, ella ha cobrado unos 330 mil euros por la dirección y presentación del programa, The Weekley Mag, un espacio realizado en inglés que dura algo menos de hora y media, que se emite una vez a la semana en la Xarxa Audiovisual Local (XAL), de la Diputación de Barcelona.

El sueldo de Topor es de seis mil euros mensuales. Cuando Convergencia dirigía la Diputación y Francesc Pena era el responsable de la XAL, cobraba esa cantidad todos los meses, incluidos julio y agosto, aunque no trabajara. Cuando la socialista Núria Marín se hizo con la Presidencia del organismo, en 2019, y gracias precisamente a este pacto con Junts, poco cambió la situación de Topor. Siguió cobrando el mismo sueldo, la única diferencia es que dejó de percibir esos dos meses de verano a partir de 2020.

Teniendo en cuenta que ha realizado unos 170 programas desde que fichó por la Diputación, Topor cobra por cada uno de los espacios unos 2.000 euros. Un importe que recibe ella directamente, no aparece ninguna productora. Y solo unas doce mil personas ven ese espacio.

El contrato se le acaba este verano, y con una de las condiciones que podría poner el Partido Popular para dar su apoyo a los socialistas podría ser ésta, no renovar el contrato a Topor, además de poner fin a las subvenciones a los medios de comunicación independentistas, al menos, a manos llenas.