La ex consejera catalana de Salud, acorralada por unos mensajes que apuntan a que paró la vacunación de policías y guardias civiles

«La consejera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional» u «Otra vez la consejera me pide para Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo, deberíamos pararlo». Son unos mensajes de WhatsApp que comprometen a la vicepresidenta primera del Parlament y ex consejera de Salud, Alba Vergès, y que demostrarían que indicó a sus subordinados que detuvieran la vacunación contra la Covid a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en Cataluña. Unos mensajes que investiga el juzgado de instrucción número 17 de Barcelona.

La defensa de dos cargos de Salud también investigados por estos hechos, la de Carmen Cabezas y la de Josep Maria Argimon, han presentado un escrito en el juzgado defendiendo que nada tuvieron que ver con el retraso en la vacunación. Y, para demostrarlo, han aportado estos mensajes que les exculparían. Unos mensajes que envió una miembro del gabinete de la consejera a la entonces subdirectora general de Promoción de la Salud, Carmen Cabezas.

Precisamente por estos mensajes, la fiscalía ha pedido al juzgado que presente una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que investigue a Alba Vergés, teniendo en cuenta su condición de aforada al ser diputada en el Parlament. Se da la circunstancia de que, el año pasado, el Alto Tribunal catalán rechazó investigar a la exconsejera al no apreciar indicios de delito, aunque ordenó a la justicia ordinaria identificar a los responsables de la vacunación.

En sus escritos, tanto Argimon como Cabezas defienden que eran partidarios de compaginar la vacunación por criterio de edad y colectivos esenciales, entre los que se encontraban los cuerpos de seguridad, tanto Mossos, como policías locales y los agentes de la Guardia Civil y Policía; además de sanitarios o bomberos.

En este sentido, se aporta otro mensaje de WhatsApp de Carmen Cabezas que envió a la jefa de gabinete de Vergés: «yo creo que tenemos que hacerlos a todos, porque si no habrá un problema de desigualdad con otras comunidades autónomas y con otros cuerpos de seguridad y tendremos que ir más veces a los centros a vacunarlos».

Jucil: «Se cierra el círculo»

Las asociaciones Jucil y Jupol, que son acusación popular, han pedido que se llegue al fondo del asunto para dirimir todas las responsabilidades penales posibles. Agustín Leal, portavoz de Jucil, dice que la investigación estrecha «el círculo» sobre los autores de un delito grave, como es el de omisión por haber negado la vacunación a los agentes.

Y ha dejado claro que «Jucil va a perseguir a través de nuestros servicios jurídicos a los autores materiales de este delito, para que caiga sobre ellos todo el peso de la ley y quede muy claro que en un Estado de Derecho, como es España, no es posible la comisión de estos graves delitos de odio, y menos por quienes desde las administraciones públicas tienen la responsabilidad de velar por la salud de todos los españoles».