Laura Borràs, Jordi Turull, Carles Puigdemont y Míriam Nogueras
El laberinto catalán
Junts, socio de Sánchez, facilita que el Parlamento catalán vote una declaración unilateral de independencia en octubre
Frente al mensaje de Ferraz-Moncloa de que la ley de amnistía es un paso a la pacificación de Cataluña, Junts insiste en lanzar señales en sentido contrario
Esta semana, la Mesa del Parlamento catalán, presidida por Anna Erra, dirigente del partido de Puigdemont, admitió a trámite una iniciativa legislativa popular (ILP) que solicita la tramitación de una ley para la declaración unilateral de independencia de Cataluña, tal como ya hizo el parlamento regional en octubre de 2017. La ILP califica a Cataluña de nación ocupada, afirma que el referéndum ilegal del 1 de octubre fue válido y que los catalanes ya votaron por su separación de España.
Formalmente, la ILP fue presentada por Solidaritat per la Independència, un partido fundado por el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta. Solidaritat, tras un paso fugaz por el Parlamento catalán, actualmente es extraparlamentario, pero en realidad es vox populi que la ILP ha sido previamente consultada tanto a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) como a Waterloo, lugar donde Puigdemont vive huido de la justicia española.
El letrado del Parlamento catalán, Xavier Muro, advirtió a la presidenta de la Mesa de la inconstitucionalidad de la propuesta, pero dicho informe no fue motivo para que la Mesa, con el voto de Junts y la CUP, diera luz verde a la tramitación. Erra no está preocupada por la posición del jurista, dado que este se jubilará próximamente y cree que, siguiendo el modelo de Armengol en el Congreso, quien ha promovido a un jefe de los servicios jurídicos más adaptable, podrá sustituir a Muro por un letrado más dúctil antes de que la ILP se someta a debate y votación.
Ahora empieza un proceso en el que se debe crear una mesa de seguimiento de la ILP de la que deben formar, a propuesta de la mesa de la Cámara autonómica, tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tres catedráticos de derecho constitucional o politólogos y tres juristas. Una vez se haya creado dicha comisión y validado el documento para la recogida de firmas, empieza un periodo de cuatro meses para que los promotores recojan 50.000 firmas.
La dirección de Junts cree que las recogidas de firmas son un acompañamiento ideal al regreso de Puigdemont a Cataluña
Los impulsores de la ILP no cuentan con infraestructura ni militancia para organizar carpas de recogida de firmas en los municipios catalanes, pero se apoyarán en la red territorial de la ANC y Junts (tanto monta) para lograrlo. David Folch, secretario general de Solidaritat, afirmó en una entrevista que «la consecución de las firmas no sería un obstáculo». Es más, el reglamento del Parlamento catalán establece que las organizaciones que promueven una ILP contarán con financiación pública por cada firma conseguida. Por cada firma conseguida, el Parlamento abonará a Solidaritat per la Independència 0,65 euros con un tope de 40.000 euros.
En Junts se frotan las manos con la ILP. La dirección del partido espera que la amnistía esté aprobada próximamente y cree que las recogidas de firmas por todos los municipios de Cataluña son un acompañamiento ideal al regreso de Puigdemont a Cataluña. Además, la presentación de la misma ahora no es casualidad, calculan que el debate de la ley que da pie a una nueva declaración unilateral de independencia se llevará a cabo en un pleno extraordinario del Parlamento en el mes de octubre, en plena precampaña electoral de las elecciones autonómicas, en las que Junts confía en que el hundimiento de ERC constatado en las municipales y generales les permita ganar las elecciones y forzar al PSC a apoyarles para recuperar así la Generalitat y reponer a Puigdemont, al que consideran presidente legítimo, en su cargo.
Fuentes de Junts creen que ERC se equivocó al abstenerse en la votación sobre la admisión a trámite de la ILP y que esa abstención ya anuncia su voto en la ley y les habilitará, a los ojos de los votantes independentistas, como la opción más válida para volver a la senda del conflicto y la separación por la vía rápida. Frente al mensaje de Ferraz-Moncloa de que la ley de amnistía es un paso a la pacificación de Cataluña, Junts insiste en lanzar señales en sentido contrario. Sánchez se ha cansado de decir una y otra vez que a Rajoy le hicieron dos referéndums, en 2014 y 2017, y una declaración de independencia y a él no. Tras la votación de la ILP en el Parlamento catalán el próximo octubre ya no podrá decirlo.
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