El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (i), y el alcalde de Girona, Lluc Salellas (d), durante una reunión
Cataluña
Ciudadanos denuncia en Europa la exigencia de catalán del Ayuntamiento de Gerona para contratar empresas
El eurodiputado de la formación naranja Jordi Cañas asegura que supone una violación de «derechos fundamentales» y una «prevaricación legal»
El eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, ha denunciado ante la Comisión Europea que el Ayuntamiento de Gerona haya revisado su contratación pública para exigir a las empresas subcontratadas que utilicen el catalán. En caso contrario, habrá penalizaciones. En el escrito, se recuerda que «esto va en contra del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, impidiendo el libre establecimiento de las empresas dentro de la UE», además de que supone una «grave discriminación lingüística:».
De esta forma, el eurodiputado recoge la noticia publicada por El Debate sobre las exigencias del Ayuntamiento de Gerona, que incluyen, por ejemplo, que las empresas se dirijan a la institución siempre en catalán. O que estén en esta lengua los rótulos, publicaciones, avisos y otras comunicaciones relacionadas con el objeto del contrato. También se exigirá que los empleados que lleven a cabo trabajos de atención, información y comunicación con la ciudadanía, acrediten un conocimiento suficiente de lengua catalana.
Cañas recuerda también en el escrito, que «el acoso a las empresas no catalanoparlantes es tolerado y permitido por el ayuntamiento de Gerona», y pone como ejemplo la empresa que se vio obligada a cambiar su rotulación, tras los números insultos recibidos, por haber puesto un anuncio en castellano: «Hola, Gerona». En este sentido, pregunta a la Comisión, si va a iniciar un procedimiento de «investigación sobre esta grave violación del TFUE», o qué medidas va a tomar «para frenar la discriminación contra empresas europeas por parte de cargos públicos».
«Xenofobia lingüística»
Para Jordi Cañas, esta decisión del Ayuntamiento de Gerona no es solo un ejemplo de «xenofobia lingüística», sino también de «sectarismo y prevaricación legal» al exigir a las empresas unas condiciones que violan la ley. Para el eurodiputado de Ciudadanos, esta actitud no es nueva, pero cree que «cada vez es más peligrosa porque atenta directamente contra derechos fundamentales». Y no solo eso. También considera que es un mecanismo que permite «poner barreras» a algunas empresas, a las que excluye para «privilegiar a empresas afines». Y al final, añade, si se elimina la pública competencia, lo que se consigue es encarecer los precios que se pagan a estas empresas «y acaba perjudicando finalmente a los ciudadanos».
Por todo ello, Cañas dice que han decidido denunciar la situación ante la Comisión Europea, por «vulneración de derechos y prácticas ilegales anticompetitivas» que violan el Tratado fundacional de la UE, pero también la directiva que promueve la libertad de establecimiento de empresas y la pública competencia. El eurodiputado deja claro que van a defender la «igualdad de los ciudadanos y de las empresas», porque no se puede obligar a estos negocios a que usen un idioma en detrimento de otro y solo con el objetivo de «privilegiar unas empresas frente a otras. Y eso es un delito a nivel europeo», ha concluido.
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