Los ocho participantes en el debate organizado por la UAO y Adolescencia Libre de Móviles.
Elecciones en Cataluña
Todos los partidos coinciden en la necesidad de poner coto al móvil en las aulas y a las redes sociales
Los ocho partidos con representación parlamentaria en Cataluña participaron en un debate en la UAO centrado en los ‘smartphones’ y los riesgos del mundo online
La asociación Adolescencia Libre de Móviles (ALM) y la Universitat Abat Oliba CEU (UAO) organizaron este martes un debate electoral distinto, centrado específicamente en las propuestas de los partidos con representación en el Parlament sobre la regulación de las redes sociales y el uso de los teléfonos móviles en las aulas. Un debate que, en líneas generales, puso sobre la mesa una problemática que reconocieron las ocho formaciones presentes, desde la CUP a Vox.
En concreto, los representantes de los ocho partidos del arco parlamentario coincidieron en apoyar el «pacto social» promovido por ALM para retrasar la entrega del primer móvil inteligente hasta los 16 años. Mireia Romero, portavoz de la entidad, introdujo la cuestión, destacando que la gran mayoría de las familias catalanas lo hacen antes de esta edad. «No somos prohibicionistas: apostamos por educar sin dispositivo, y retrasar el uso hasta que sea seguro y beneficioso», añadió.
Con todo, cada partido ofrecía sus acentos. Anna Chillida, de ERC, apostaba por «intensificar el trabajo hecho hasta ahora» desde el Gobierno catalán, mientras que Pau González (Comuns-Sumar) criticaba que «vamos muy tarde: hace más de una década que hay smartphones en las aulas». El representante de Vox, Manuel Acosta, ampliaba el foco: «Estamos en una crisis absoluta del sistema educativo catalán».
Restringir el móvil en el instituto
También coincidían en líneas generales todos los representantes de los partidos en considerar que el uso de los teléfonos inteligentes en Primaria y Secundaria debería estar restringido, incluso para uso pedagógico. A principios de año, el Gobierno catalán aprobó una normativa –vigente a partir del curso que viene– para prohibir el uso del móvil en el aula en Primaria y limitarlo en Secundaria, como recordó la republicana Chillida.
También aquí la diferencia estuvo en los matices. Varios partidos –PSC, ERC, Junts, Comuns– apuntaron a la necesidad de impulsar la figura del «coordinador de bienestar» en los centros educativos, con atención especial a esta cuestión. «Hay que apostar por incidir en que los centros tengan todas las dotaciones que necesitan», señaló la representante de la CUP, Pilar Castillejo, como medida para evitar que los alumnos necesiten usar sus dispositivos personales, en lugar de los instrumentos que tenga el centro educativo.
El rector de la UAO, Rafael Rodríguez-Ponga, se dirige a los presentes.
Noemí de la Calle (Cs) señaló en este punto que, respecto al uso pedagógico en las aulas de Secundaria, «se debería respetar la autonomía del docente», y no optar por una restricción dura. González, por su parte, criticó la alegría con la que se han pasado por alto los derechos digitales de los alumnos, «dándoles sus datos a Google y otras tecnológicas», apuntó.
Las redes sociales, ¿problema de salud pública?
Los organizadores del debate lanzaron a los participantes la pregunta: «¿Cree que las redes sociales habrían de declararse un problema de salud pública?». Algunos respondieron con más rotundidad –«Categóricamente sí», dijo la popular Eva García– y otros con menos, pero todos coincidieron, de nuevo, en el sentir general.
«Las redes sociales son uno de los factores del incremento de los problemas de salud mental en los jóvenes, y hay que ver cómo lo regulamos», señalaba la cupaire Castillejo. La representante de Junts, Judith Toronjo, advirtió sobre el riesgo de los casos de acoso por uso de deepfakes generados con inteligencia artificial, y pidió «planificar medidas a nivel legislativo» desde el Parlament.
Sobre las propuestas que cada partido hace en relación a los temas tratados, el abanico se abría. Varios partidos, como ERC o el PP, propusieron establecer sistemas de verificación real de si una persona es mayor de edad o no antes de acceder a ciertos contenidos. Otros apelaban a la Unión Europea. En este sentido, González (Comuns) pidió «que la UE regule la democratización de los códigos fuente y los algoritmos», y que actúe como un poder fuerte contra la influencia aplastante de las grandes tecnológicas.
Vox se centró en pedir al Gobierno de España que retire la licencia a las operadoras de internet si no entregan las IPs de forma ágil cuando haya evidencia de un caso de acoso online, para que la policía judicial pueda actuar rápidamente. También denunció como «oxímoron de grado superior» que haya partidos que rechazan el uso del smartphone «pero defienden el programa escolar Coeduca't, que incita a niños de 8 años a consumir pornografía».
El debate estuvo moderado por el periodista y director del departamento de Comunicación de la UAO, Juan Francisco Jiménez. Para el rector de la UAO, Rafael Rodríguez–Ponga, la cita fue «una prueba del interés académico por los problemas reales de la sociedad», y pidió a los presentes voluntad de «poder llegar a consensos para encontrar soluciones conjuntas».
Comentarios
