255 millones para impulsar el catalán: Illa firma hoy un «pacto nacional» por la lengua sin Puigdemont

Hubo un tiempo en que Salvador Illa aspiraba a amplios consensos, incluso en el ámbito lingüístico. Así, por ejemplo, en 2022 llegó a pedir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se sumara al acuerdo para modificar la ley de política lingüística en Cataluña, que blindaba el catalán como lengua vehicular en la escuela. Y, el año pasado, cuando se le preguntaban por pactos, expresaba su deseo de «incorporar» a los populares al pacto por la lengua en la educación.

Pues bien, este martes, Illa no va a contar con el apoyo de PP ni de Vox para el llamado Pacto Nacional por la Lengua, pero tampoco con todos los partidos independentistas. Y es que no lo van a firmar Junts ni la CUP. Estas formaciones han pedido al presidente de la Generalitat que retrase esa firma hasta conocer la sentencia que próximamente tiene que hacer pública el Tribunal Constitucional sobre el decreto del Govern y la ley del Parlament que impide la aplicación de la llamada sentencia del 25% en la escuela. O lo que es lo mismo, que impide que se puede ofrecer más educación en castellano en los colegios de Cataluña.

Y no será por falta de recursos, porque ese plan contempla destinar a la promoción del catalán 255 millones de euros y solo el primer año. Son 50 millones más de los previstos inicialmente en el pacto de investidura entre ERC y PSC. Lo que no se ha cumplido es que se pudiera firmar dentro de los primeros 100 días de gobierno, pero se ha compensado con una mayor dotación económica.

En concreto, se prevén destinar algo más de 100 millones de euros para reforzar el uso del catalán, aún más, en el ámbito educativo; casi 80 para las aulas de acogida en las escuelas, para que los estudiantes extranjeros que se incorporan al sistema educativo de Cataluña aprendan rápidamente el catalán; y 73 millones para el fomento del audiovisual en esta lengua. Y todo ello, sin perder de vista que los separatistas quieren conseguir la oficialidad del catalán en la Unión Europea, y en esto están, junto con el Gobierno.

El pacto llega semanas después de que el Govern diera a conocer una encuesta de usos lingüísticos que concluye que el uso habitual del catalán ha bajado del 36,1 % al 32,6 % entre los años 2018 y 2023, mientras que el del castellano ha subido hasta alcanzar el 46,5 %. En la presentación de ese informe, el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, defendió que es necesaria una «estrategia compartida, común de toda la sociedad, para que el catalán esté presente en todos los ámbitos».

No de Junts, PP y Vox

Lo cierto es que ese pacto, que se firmará en la sede del Instituto de Estudios Catalanes, solo va a contar con la firma, desde el ámbito político, de PSC, Comunes y ERC. A estos partidos acompañarán entidades como Òmnium Cultural o Plataforma per la Llengua; también patronales, como Pimec o Foment, y los sindicatos mayoritarios.

El líder de Junts, Carles Puigdemont, justifica que no lo vayan a firmar porque «es muy importante» y porque había «pedido consensuarlo» una vez se conozcan «algunos elementos que son críticos y determinantes para definir la política lingüística que tenemos que seguir». Y esto es la sentencia del Tribunal Constitucional o la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

En este sentido, se ha preguntado si «¿es lo mismo hacer política lingüística si tenemos una sentencia favorable o si la tenemos en contra? ¿Es que el Govern no tendrá nada que decir?». Y cree que Illa tiene prisa en firmar ese pacto porque se estaría buscando «el titular de un diario» o el «blanqueamiento de un gobierno».

Los motivos del PP para no participar son otros muy diferentes. El secretario general de los populares en Cataluña, Santi Rodríguez, considera que Salvador Illa se ha convertido en una especie de ‘masovero’ de ERC y de Junts, de los separatistas. Y ha puesto como ejemplo ese Pacto Nacional por la Lengua, porque el presidente de la Generalitat prefiere «priorizar» los pactos con entidades independentistas, lo que considera incluso una «traición» a los votantes socialistas.