El Parlamento Europeo mantiene abiertas las reclamaciones por el incumplimiento del bilingüismo en Cataluña

La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, ha denunciado ante el Comité de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo, que la Generalitat no ha cumplido ninguna de las 23 recomendaciones que contemplaba el informe de la misión de eurodiputados que analizó el modelo de inmersión lingüística en Cataluña.

Por este motivo, ha pedido a la Eurocámara «más presión» para conseguir que los alumnos catalanes puedan tener más educación en castellano y acabar con ese sistema de inmersión solo en catalán. El Comité ha dictaminado dejar abiertas las peticiones de la AEB.

Y es que Losada ha explicado a los eurodiputados que seguían la sesión, cómo los gobiernos central y catalán se mantienen pasivos, no hacen nada para que haya un bilingüismo real, mientras que «los padres que se atreven a pedir de forma individual más castellano son acosados». Y ha mostrado varias fotografías, con pintadas a las puertas de un colegio, que corroboran esta denuncia y que todavía «siguen presentes», a pesar de que está a punto de acabar el curso escolar.

Y no solo la «inacción» es la característica de la Generalitat en esta cuestión, sino, que, además, ha impulsado el Pacto Nacional por la Lengua que, ha recordado, solo menciona «una sola lengua», cuando en Cataluña hay tres que son oficiales: además del catalán, el español y el aranés. Para Losada, se trata de un «movimiento» del gobierno de Salvador Illa, en connivencia con los separatistas, para intentar «impedir» que se aplique una eventual sentencia del Constitucional que avale el 25% de español.

Para la presidenta de la AEB sería «muy grave» y supondría una «vulneración del Estado de derecho» que la sentencia no se aplicara. Pero, es que, además, considera que ese Pacto Nacional no es otra cosa, asegura, que «ingeniería social» para crear más catalanohablantes.

La petición de otro padre tras «10 años de lucha»

En la sesión de este miércoles también ha comparecido uno de los padres que ha pedido más educación en español para sus hijos. Se trata de Jordi López, que ha explicado su experiencia. Lleva diez años «luchando» para que ellos puedan estudiar también en castellano.

Hay que tener en cuenta que uno de sus hijos tiene Necesidades Educativas Especiales y que los especialistas que lo tratan han dejado claro que lo mejor, para él, es que pueda estudiar en su lengua materna, y eso es en español. Pero la Generalitat, en un primer momento, le negó esta opción, por lo que tuvo que acudir a los tribunales a reclamar ese derecho.

Pero recuerda López que, el suyo, no es un caso aislado, porque hay «otros muchos padres que están igual que yo», y se sienten «desamparados» ante la inacción del Gobierno. Además, ha lamentado que «la mayoría de centros intentan incumplir las sentencias del 25%, y nosotros tenemos que hacer de policías para que se cumplan». Y lo dice por experiencia propia, porque tuvo que reclamar a la dirección del centro que aplicaran la sentencia que le dio la razón. Y es que, a principio de curso, intentaron quitarle una clase de matemáticos que a la clase de su hijo le daban en español.

Desde el punto de vista político, la eurodiputada del PP Dolors Montserrat y el de Vox, Juan Carlos Girauta, defienden que lo que está en juego es el cumplimiento de «derechos fundamentales», y denuncian que la Generalitat no acata las sentencias judiciales que le obligan a que en todo el sistema educativo en Cataluña se dé más educación en español.

Y el presidente del Comité, Bogdan Rzonca, ha acabado cerrando el debate porque considera que no se podía llegar «más lejos», pero eso sí, ha dejado claro que «el problema persiste, y también las peticiones». Precisamente la consejera de Educación, Esther Niubó, tenía que haber comparecido este miércoles ante el PETI, que la había citado para que diera explicaciones de por qué no está aplicando las recomendaciones de la misión de eurodiputados.

Esther Niubó ha alegado motivos de agenda. Pero es que tampoco ha comparecido nadie de su Departamento, ni por streaming, que era una de las opciones que le habían ofrecido. La responsable de Educación no está obligada a asistir, pero las entidades y también los partidos que habían pedido su comparecencia lo consideran una «falta de respeto».