12 alcaldes de Junts y ERC se desmarcan y piden que la Guardia Civil se quede en Cataluña

El pleno del Consejo Comarcal de La Cerdaña (Gerona), gobernado por Junts, ha aprobado una moción en la que se pide que se mantenga el servicio de la Guardia Civil.

17 ayuntamientos –de los cuales 10 están gobernados por Junts y otros dos, por ERC– forman parte de este organismo que, por otro lado, hace unos meses envió una carta a la directora de la Guardia Civil que iba en esta línea, pedía que no se desmantelara el Seprona y otros servicios que el Instituto Armado presta en la comarca.

Pero además, el presidente del Consejo, Isidre Chia, que también es alcalde de Bolvir (Gerona), ha pedido que esa petición se extienda a otras comarcas catalanas del Pirineo, como la Alta Ribagorça, el Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Vall d'Aran y el Ripollès. Chía se desmarca, de esta forma, de su formación, de Junts que ha insistido en la expulsión tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional de Cataluña.

Desde el Jucil han mostrado su satisfacción por el hecho de que la moción haya salido adelante. De hecho, esta asociación se reunió hace unas semanas con Chia. Aseguran que, a pesar de los movimientos del Gobierno central dirigidos al desmantelamiento de la Guardia Civil, Junts, que recuerdan que es un partido independentista, se opone a la salida de la Benemérita en La Cerdaña «al considerar que la supresión del Seprona supondría una merma significativa en la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales».

Gran entorno natural

Y es que, efectivamente, esta comarca cuenta con un gran entorno natural, incluido el Parque Natural del Cadí-Moixeró, con una gran biodiversidad de fauna y flora, y la marcha de la Guardia Civil «supondría una reducción significativa de las labores de vigilancia y protección del medio natural, además de una pérdida de control sobre la tenencia y el uso de armas y explosivos».

Junts y también esta asociación de la Guardia Civil alertan que la expulsión del Seprona significará un debilitamiento en la protección de los espacios naturales y favorecería la proliferación de actividades ilegales. Y es que los cuerpos de seguridad que deben asumir estas nuevas funciones «no cuentan ni con los efectivos ni con la formación específica, lo que no solo incrementaría su carga de trabajo, sino que también reduciría su capacidad operativa».

Pero además, en la moción que ha prosperado, se rechaza la transferencia de competencias de los servicios de Intervención de Armas y de Fiscal y de Fronteras. Recuerda el JUCIL que los agentes «supervisan el tránsito de personas y vehículos en los puntos fronterizos y desempeñan una función crucial en la lucha contra el contrabando de mercancías, el tráfico de armas y de personas, el narcotráfico y el blanqueo de capitales».

Oposición a la cesión de competencias

Recordemos que en marzo, los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil ya llevaron a cabo varias concentraciones para pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su intención de ceder competencias a los Mossos de Esquadra en materia de fronteras e inmigración.

También denunciaban el progresivo desmantelamiento de ambos cuerpos en Cataluña con esas cesiones, que incluyen el control de puertos y aeropuertos, la vigilancia conjunta en las fronteras y que el Seprona sólo se encarga de perseguir los delitos supra autonómicos.

Una intención que no ha gustado nada a los municipios de la Cerdanya, que consideran que los servicios que presta la Guardia Civil en la comarca son «esenciales». En el caso del Seprona, porque «protege el medio ambiente, combate delitos contra la contaminación, la caza y pesca ilegales y protege especies y espacios naturales». Y en el caso del servicio de intervención de armas recuerdan que garantiza su regulación, así como de los explosivos, evitando el tráfico ilegal.