La Generalitat declara la guerra a los conejos y lo califica como un «problema de país»

Las tierras agrícolas de Lérida viven una auténtica invasión. Los conejos se han multiplicado hasta convertirse en una plaga que devora cosechas enteras, obligando al Govern a activar un plan de emergencia que estará vigente durante cinco años. Las autoridades catalanas no esconden la gravedad del asunto: lo han calificado como «un problema de país».

Cristina Massot, secretaria general de Agricultura, no duda en reconocer a La Vanguardia que la situación ha desbordado todas las previsiones. «Esto ya no es solo una cuestión que afecte a los agricultores, nos concierne a todos, y por eso el Govern se ha comprometido a actuar», declaró a La Vanguardia durante la presentación del nuevo plan.

La estrategia, que sustituye a la anterior declaración de emergencia cinegética, cuenta con un presupuesto inicial de 3,5 millones de euros. Massot adelantó a La Vanguardia que «muy posiblemente antes de que termine el año se podrán movilizar recursos adicionales para intensificar las medidas de control». De momento, un millón de euros irá destinado directamente a ayudar a los productores afectados.

Seis comarcas bajo asedio

El mapa de la invasión abarca prácticamente toda la Plana de Lérida. Son 147 municipios repartidos entre Segrià, les Garrigues, Plà d'Urgell, Urgell, Noguera y Segarra los que sufren este fenómeno. Los técnicos han establecido cuatro niveles de alerta según la intensidad del problema, siendo las zonas del sur del Pla d'Urgell y del norte de Les Garrigues las que requieren «actuación urgente».

Los números hablan por sí solos de la magnitud del desastre ecológico. Si el objetivo es llegar a una densidad de 10 conejos por cada 100 hectáreas, la realidad actual es demoledora: en la Segarra había 30 ejemplares por esa superficie durante el invierno, pero en Les Garrigues la cifra se disparó hasta 581 conejos por la misma extensión.

Las consecuencias se reflejan en los campos devastados. Durante los primeros tres meses de 2025, los agricultores han presentado más de 2.000 denuncias por daños, casi el doble que en todo 2024, cuando se registraron aproximadamente 1.300 casos. Cereales, frutas dulces, frutos secos y olivares son los cultivos más castigados por esta plaga.

Cazadores improvisados por necesidad

Las medidas del plan incluyen ayudas para vallados, protecciones específicas para cultivos permanentes, equipamiento nocturno para cotos de caza y apoyo a cooperativas que decidan contratar servicios externos de control de fauna. Sin embargo, los afectados consideran que estas iniciativas llegan tarde y resultan insuficientes.

Xavi Figuerola, productor de Nalec, resume con una comparación gráfica la frustración del sector en declaraciones a La Vanguardia: «He tenido que convertirme en cazador, sacar licencia, hacer gastos... Es como si después de dotar bien el plan de Rodalies de Barcelona, pidieran a los usuarios que fueran ellos mismos a poner las vías porque no hay presupuesto suficiente».

La realidad es que muchos agricultores han tomado la iniciativa por su cuenta. Josep Castells, de Alcarrás, instaló protecciones el fin de semana previo al anuncio del plan. Su caso ilustra el desajuste temporal de las ayudas: «Los que teníamos que actuar ya lo hemos hecho. Estas subvenciones servirán para los que vengan después», explicó a La Vanguardia.

Organizaciones agrarias: entre la esperanza y el escepticismo

Las reacciones del sector han sido dispares. JARC ha calificado directamente la propuesta como «un parche inútil» y exige compensaciones económicas inmediatas. Asaja, por su parte, insiste en medidas más drásticas como el uso de fosfuro de aluminio en infraestructuras de transporte, especialmente en los márgenes de la autopista A2 y en las estructuras del tren de alta velocidad.

Unió de Pagesos adopta un tono más diplomático pero igualmente crítico. Nestor Serra reconoció a La Vanguardia las «buenas intenciones» del programa, aunque lamenta que presente «carencias importantes» y que «llegue cuando ya es tarde para muchos productores».

Los datos oficiales reflejan la intensidad de la lucha contra la plaga: entre enero y abril, los equipos especializados de reservas de caza, Forestal Catalana y el Cos d'Agents Rurals capturaron casi 27.000 ejemplares, mientras que los cotos de caza comunicaron la eliminación de más de 112.000 conejos.

El plan estará en vigor hasta diciembre de 2029, un período que las autoridades consideran necesario para restaurar el equilibrio ecológico en una de las zonas agrícolas más productivas de Cataluña.