57 años de cárcel por abusar y prostituir a dos primas menores

La decisión judicial, que contempla 57 años de reclusión, responde a un patrón criminal que se extendió por espacio de once años y que incluyó desde agresiones sexuales reiteradas hasta la comercialización de menores a través de plataformas digitales, según informa El Periódico.

Los magistrados de la Sección 21 de la Audiencia Provincial han documentado cómo el procesado aprovechó su vínculo familiar para acceder a las menores, iniciando los abusos cuando estas apenas contaban seis años de edad. El modus operandi revelado durante el juicio muestra una escalada criminal que comenzó con tocamientos y evolucionó hacia formas más graves de explotación.

La primera menor sufrió agresiones durante un período que abarcó desde 2008 hasta 2019, mientras que la segunda víctima padeció los abusos entre 2014 y 2018. Ambas eran primas del agresor, circunstancia que este utilizó para generar un ambiente de confianza que posteriormente quebraría de forma sistemática.

De la manipulación psicológica a la explotación comercial

El tribunal ha establecido que el condenado empleó inicialmente técnicas de normalización del abuso, haciendo creer a una de las menores que los comportamientos sexuales formaban parte de la dinámica familiar habitual. Posteriormente, cuando las agresiones se intensificaron, recurrió al chantaje mediante material fotográfico comprometedor.

La dimensión comercial del caso se materializó a partir de 2015, cuando el procesado comenzó a ofertar los servicios sexuales de una de las víctimas a través de internet. Esta actividad criminal incluía la gestión completa del negocio: publicidad online, contacto con clientes, establecimiento de tarifas y cobro de los servicios.

Los encuentros con terceros se desarrollaban tanto en domicilios particulares de Barcelona y Sabadell como en habitaciones expresamente alquiladas para tal fin. En determinadas ocasiones, el propio condenado participaba directamente en estos encuentros.

Escenarios del horror: hogares familiares convertidos en centros de abuso

La investigación judicial ha determinado que gran parte de las agresiones tuvieron lugar en espacios que debían ofrecer protección y seguridad: el domicilio del agresor en el Vallès Occidental y la residencia de los abuelos maternos de las víctimas. Esta elección de escenarios revela la premeditación con la que actuaba el procesado, quien esperaba momentos de soledad para perpetrar los delitos.

La documentación audiovisual de los abusos constituye otro elemento agravante del caso. Durante años, el condenado elaboró material pornográfico protagonizado por ambas menores, contenido que conservaba en su poder y que forma parte del catálogo de delitos por los que ha sido juzgado.

Una sentencia que marca precedentes

El tribunal ha considerado probados seis delitos diferentes: dos de abuso sexual continuado con penetración a menor de trece años, dos de utilización de menores para pornografía, uno de inducción a la prostitución y otro de tenencia de material pornográfico infantil.

Además de la pena privativa de libertad, la resolución judicial contempla indemnizaciones que alcanzan los 480.000 euros en total: 400.000 euros para una de las víctimas y 80.000 euros para la segunda. El fallo incluye también medidas de alejamiento y prohibición de comunicación perpetuas.

La magnitud de la condena ha motivado que el tribunal decrete prisión preventiva inmediata, revocando la situación de libertad provisional en la que se encontraba el procesado hasta la notificación de la sentencia.

Este caso evidencia la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre los entornos familiares y subraya la importancia de los mecanismos de denuncia en la protección de menores ante situaciones de abuso prolongado.