La fotografía del Rey colocada en el Ayuntamiento de Gerona está formada por imágenes del 1 de octubre

La fotografía del Rey colocada en el Ayuntamiento de Gerona está formada por imágenes del 1 de octubreGuanyem Girona

Tribunales

Gerona defiende en el juzgado haber colgado en el salón de plenos un retrato del Rey hecho con fotos del 1-O

Aseguran que su 'performance' no rompe la ley y que el juzgado se «excede» al indicar dónde debe ir colocado el retrato

El Ayuntamiento de Gerona ha presentado un recurso al contencioso asegurando que el retrato del Rey Felipe VI que se vieron obligados a instalar en el salón de plenos –una imagen burlona, realizada como un mosaico con imágenes del referéndum ilegal de 2017– no contraviene la ley y está situada en un lugar adecuado de la estancia.

El gobierno municipal, nacionalista –es el único ayuntamiento importante de Cataluña aún en manos de la CUP–, señala en su escrito que la obligación que se les impuso era colocar la «efigie» del Rey, y citan la definición de la RAE de esta palabra para argumentar que su performance no rompe la ley. Además, alegan que el juzgado se «excede» al considerar que el retrato ha de colocarse junto al escudo de Gerona que preside el salón, y no en una pared lateral, como está ahora.

El alcalde, Lluc Salellas, señaló en su momento, en septiembre de 2025, que esta forma de acatar la sentencia era pasando «al ataque», y mostrando «el rechazo hacia la monarquía española». Un texto que acompaña al retrato del Rey explica que la imagen está allí «por imperativo legal», y que Felipe VI «en ningún momento condenó la violencia ejercida por el Estado durante el referéndum».

Vox volvió al juzgado y el juzgado le dio la razón, fijando un «máximo» de un mes para que el Ayuntamiento sustituyese el retrato por uno «institucional», y lo colocase en el lugar que le corresponde. El gobierno municipal presentó a inicios de junio el citado recurso, y están pendientes de recibir la respuesta del juzgado.

Por su parte, Vox ha presentado un nuevo escrito al juzgado pidiéndoles que estudien llevar el caso a la vía penal. También les reclaman identificar quién es el responsable municipal que ha de dar cumplimiento a las resoluciones, y pidiendo que se le impongan multas de 1.000 euros hasta la «completa ejecución» de la interlocutoria.

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