Los defensores del español en las aulas celebran el portazo de la Justicia europea a la inmersión lingüística

Las principales entidades que defienden el bilingüismo en la escuela catalana celebran la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de inadmitir la demanda presentada por varias familias de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) contra la sentencia que obligó al centro a impartir una asignatura más en castellano tras la reclamación de otra familia.

Más allá de la inadmisión del recurso, las asociaciones han puesto el foco en los argumentos utilizados por el tribunal de Estrasburgo y han interpretado la resolución como un revés para uno de los principales pilares jurídicos sobre los que se había sustentado la defensa de la inmersión lingüística. A su juicio, el TEDH ha dejado claro que la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias no obliga a implantar un modelo de enseñanza exclusivamente en catalán ni justifica la exclusión del castellano como lengua vehicular.

La entidad que ha valorado con mayor satisfacción la decisión ha sido la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), que estuvo en el origen del procedimiento judicial. La asociación asesoró y apoyó al padre que solicitó para su hija una mayor presencia del castellano en la escuela de Canet de Mar, una reclamación que acabó dando lugar a una larga batalla judicial que ha llegado hasta el tribunal europeo.

La AEB celebra que el TEDH haya desautorizado la tesis de que la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias ampara la inmersión lingüística obligatoria y ha considerado que la resolución supone un importante respaldo a los principios de cooficialidad lingüística y a la doctrina mantenida durante años por los tribunales españoles. La entidad ha destacado especialmente que el tribunal recuerde que Cataluña es una comunidad bilingüe en la que tanto el catalán como el castellano son lenguas oficiales.

La asociación también pone el acento en el rechazo explícito por parte de Estrasburgo de uno de los argumentos utilizados recurrentemente por los defensores de la inmersión. Según ha subrayado, el TEDH reconoce que los instrumentos europeos de protección de las lenguas minoritarias fomentan su uso y promoción, pero no imponen ningún modelo concreto de escolarización ni establecen qué peso debe tener cada lengua dentro de los currículos educativos.

La AEB interpreta además la resolución como un aval a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que han sostenido que las dos lenguas oficiales deben estar presentes en la enseñanza. Asimismo, ha destacado la relevancia que la decisión puede tener para los recursos que el Tribunal Constitucional todavía debe resolver sobre la Ley 8/2022 y el Decreto Ley 6/2022 aprobados por la Generalitat para neutralizar la aplicación de la sentencia que fijó un mínimo del 25% de castellano en las aulas.

La entidad aprovecha también para lamentar el «linchamiento social y político» que, a su juicio, han sufrido las familias y asociaciones que han defendido un modelo de conjunción lingüística. En su valoración, ha concluido que la protección del catalán «no exige la exclusión del castellano» y que la convivencia lingüística solo puede construirse desde el reconocimiento efectivo de las dos lenguas oficiales.

Trascendencia jurídica

En términos similares se ha pronunciado Rafael Arenas, presidente de Impulso Ciudadano, quien ha considerado que la resolución tiene una especial importancia por proceder del Tribunal de Estrasburgo. Aunque se trata de una inadmisión, ha destacado la claridad de unos argumentos que, a su juicio, responden al sentido común.

« Cataluña es una sociedad bilingüe y, por tanto, lo lógico es que la escuela sea bilingüe», ha afirmado. Arenas ha sostenido que la decisión deja claro que la enseñanza en castellano y catalán no vulnera ningún derecho y que, por el contrario, lo que genera problemas es la exclusión de una lengua que es oficial en Cataluña, oficial en toda España y además mayoritaria entre los alumnos catalanes. En su opinión, la resolución ayudará a que una parte más amplia de la sociedad perciba la anomalía que supone un sistema educativo que prescinde del castellano como lengua de enseñanza.

También José Domingo, presidente de la Fundación Impulso y Cooperación, ha destacado la trascendencia jurídica de la decisión. A su juicio, la resolución no tiene únicamente un valor simbólico o moral, sino que establece una doctrina que el Tribunal Constitucional deberá tener en cuenta cuando se pronuncie sobre la normativa lingüística catalana.

Domingo ha insistido en que el nacionalismo lingüístico había sostenido buena parte de su argumentación en la interpretación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y ha considerado especialmente relevante que el TEDH haya rechazado esa lectura. Según ha señalado, el tribunal europeo viene a reconocer que en un régimen de cooficialidad lingüística ambas lenguas deben poder actuar como vehiculares en la enseñanza y que imponer exclusivamente una de ellas puede generar situaciones discriminatorias para los hablantes de la otra.

Por su parte, Sociedad Civil Catalana también ha mostrado su satisfacción por una decisión que considera plenamente coherente con las tesis defendidas por la entidad. Su presidente, Álex Ramos, ha celebrado que Estrasburgo haya avalado una presencia mínima del castellano en las aulas y ha defendido que ese porcentaje constituye un primer paso para alcanzar un mayor equilibrio entre las dos lenguas oficiales.

Ramos ha vinculado además la resolución con el informe sobre educación presentado este mismo jueves por la organización, en el que se analiza la evolución del sistema educativo catalán a partir de los resultados de informes internacionales como PISA. Entre las propuestas planteadas por la entidad figuran una mayor presencia de las dos lenguas cooficiales en la enseñanza, evaluaciones externas más transparentes, una mayor coordinación curricular con el resto de España y el refuerzo de la Alta Inspección del Estado.

Las reacciones contrastan con las expectativas de los sectores favorables a la inmersión lingüística, que habían acudido a Estrasburgo con el objetivo de revertir las resoluciones dictadas por la justicia española a raíz del caso de Canet de Mar. Sin embargo, el TEDH ha concluido que el incremento del uso del castellano en una o varias asignaturas no alteró el carácter predominantemente catalán del proyecto lingüístico del centro y que las autoridades españolas lograron un equilibrio adecuado entre la promoción de la diversidad lingüística y la preservación de la unidad del sistema educativo.

Para las entidades defensoras del bilingüismo, esa conclusión constituye un respaldo a una reivindicación que mantienen desde hace años: que la promoción y protección del catalán es plenamente compatible con una presencia efectiva del castellano como lengua de enseñanza en las escuelas catalanas.