El expresidente catalán Jordi Pujol a su llegada a los 38º Premios Pimec, hace dos semanas

El expresidente catalán Jordi Pujol a su llegada a los 38º Premios Pimec, hace dos semanasKike Rincón / Europa Press

Caso Pujol

La Audiencia Nacional cita a 255 testigos para el caso Pujol: políticos, empresarios y la exnovia de su hijo

Ramon Espadaler, Oriol Puig o Victoria Álvarez son algunas de las caras más conocidas que declararán ante la jueza

La Audiencia Nacional (AN) ha cerrado ya la lista de testigos llamados a declarar en el juicio contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol y su familia por la presunta trama de corrupción sostenida con la que se habría financiado ilegítimamente su partido, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El juicio empezará el próximo 10 de noviembre y se alargará hasta la Diada de Sant Jordi de 2026, el 23 de abril.

Según adelanta TV3, la AN incluye en su lista de testigos a 255 personas, la mayoría de los cuales son directivos de empresas constructoras o políticos. Entre estos últimos destacan nombres como el actual consejero de Justicia del gobierno de Salvador Illa, Ramon Espadaler, que fue consejero de Interior entre 2012 y 2015 y uno de los líderes de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), la otra mitad de Convergència i Unió (CiU).

También están citados a declarar Oriol Puig, exdirector del Meteocat y hermano de Felip Puig, exconsejero del gobierno de Artur Mas, y el exresponsable de la Banca Privada de Andorra. Además, declarará Victoria Álvarez, la expareja del hijo mayor de los Pujol, cuya denuncia en 2012 dio arranque a la causa.

11 años después

El juicio empezará 11 años después de la confesión de Jordi Pujol. La Fiscalía pide nueve años de prisión para el expresidente catalán por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales por cobrar comisiones a cambio de «favorecer a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos» de la Generalitat.

Para el primogénito del clan, Jordi Pujol Ferrusola, la Fiscalía pide 29 años de prisión: le atribuyen, además de los citados, los delitos de falsedad documental y contra la Hacienda pública.

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