Carles Puigdemont, con otros miembros de Junts, en una imagen de archivo
Política
Zapatero ofrece a Puigdemont un «CGPJ catalán» a cambio de mirar hacia otro lado con el caso Cerdán
Judicialmente hablando, la propuesta de crear un Consejo de Justicia de Cataluña separaría 'de facto' a la comunidad del resto de España
Caracas, Pekín, Waterloo… y ahora Ginebra. La relación entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de Junts, Carles Puigdemont, no es nueva. Así lo confirmó el mismísimo Zapatero el pasado mes de febrero en una entrevista en La Sexta. Lo que sí ha cambiado es su papel: ha pasado de ser el paño de lágrimas de Puigdemont a participar en las reuniones en Ginebra, con la intercesión del mediador internacional salvadoreño, Francisco Galindo.
Desde hace aproximadamente un año, la relación entre Puigdemont y Zapatero ha sido cada vez más frecuente, según ha podido saber El Debate. El prófugo expresidente regional ha utilizado a Zapatero para hacer llegar a la Moncloa, de forma insistente, la necesidad de que se materializara lo que en Junts llaman «amnistía política», que no es otra cosa que una reunión entre Pedro Sánchez y Puigdemont que rehabilite a este último, plenamente, como actor político.
Hasta hace pocos días, antes de que cayera Santos Cerdán, los papeles estaban bien repartidos. Primero, Cerdán se reunía en Ginebra con Puigdemont, Turull y el mediador para recibir las exigencias de Junts y los reproches por los retrasos en la ejecución de lo prometido. Luego, Puigdemont, de regreso a su refugio belga, llamaba agraviado a Zapatero, que se ocupaba de calmar los ánimos del expresidente autonómico.
Cumbre de presidentes
La primera de las visitas personales de Zapatero a Puigdemont fue en enero de este año, cuando el expresidente del Gobierno viajó a Bélgica para pedir al postconvergente su apoyo al decreto de revisión de las pensiones. Hubo otro viaje cuando Junts presentó una propuesta de moción de confianza: Zapatero se desplazó a Waterloo y mantuvo una reunión personal con Puigdemont que fue muy del agrado de este último, porque a sus ojos era una cumbre entre presidentes.
Pedro Sánchez, en un acto con José Luis Rodríguez Zapatero
Por ahora, no está claro que Zapatero acabe siendo el negociador definitivo entre el Gobierno socialista y Junts. Los independentistas han dado su plácet al nuevo interlocutor, dado que es autor de frases como «el concepto de nación para España es discutido y discutible» o «daré mi aprobación a cualquier cosa que salga del parlamento de Cataluña». Sin embargo, es Zapatero quien duda sobre si asumir este papel de forma permanente.
En todo caso, en la primera reunión mantenida en Ginebra tras el estallido del ‘caso Cerdán’, la oferta de Zapatero ha sido recuperar una parte del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, relativo al ámbito judicial, que fue anulada por la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010.
La oferta de Zapatero a Junts fue un quid pro quo, consistente en que los siete diputados de Junts apoyen en el Congreso el proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a cambio de que Cataluña pueda contar con un Consejo de Justicia de Cataluña, el equivalente a un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a pequeña escala.
Anulada por inconstitucional
Esta propuesta ya constaba en el artículo 97 del proyecto de Estatuto de Autonomía, pero fue anulada por el TC en su fundamento 47 por inconstitucional. La inconstitucionalidad se basaba en la definición de este Consejo de Justicia como «órgano de gobierno del poder judicial en Cataluña», con capacidad de actuar «como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial».
La negociación abierta entre Zapatero y Puigdemont se sustenta en el hecho de que, si bien se anuló el artículo de las atribuciones del denominado «CGPJ catalán», el órgano como tal no fue derogado.
La propuesta socialista suena a música celestial a los oídos de Junts, pero crea una situación de inseguridad jurídica dado que dificultaría la litigiosidad entre ciudadanos catalanes con el resto de los españoles, o incluso podría bloquear el derecho de recurso por parte de empresas o particulares del resto del país.
Además, esta propuesta implicaría una reforma constitucional, pero eso no preocupa al PSOE. Su objetivo es ofrecer a Junts suficientes alicientes como para que mire a un lado, no indague en la corrupción y siga brindando apoyo al Gobierno.