La Oficina Antifraude de Cataluña, en el punto de mira por no proteger a quienes denuncian casos de corrupción

El grupo parlamentario de los Comunes ha reclamado a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), que ejerza su potestad sancionadora para proteger a aquellos que alertan de casos de corrupción. De hecho, ha enviado una carta dirigida al director, Miguel Ángel Gimeno, en la que le expresan su inquietud ante la falta de medidas para proteger, ante posibles represalias, a estos denunciantes. Y a esto hay que añadir, recuerdan, unas declaraciones del propio Director en las que se «desentiende» de sus responsabilidades.

Esas declaraciones a las que se refieren los Comunes las pronunció Gimeno en un seminario organizado por la UNED. Reconoció, y sin inmutarse, que «la potestad sancionadora no la hemos ejercitado en ningún momento». ¿Y qué explicación dio? «Porque no tenía ningún sentido que, en Cataluña, donde las obligaciones de legalidad estaban como en el resto de España, exactamente igual, cuando entras en el territorio de la CCAA de Cataluña, había una autoridad que tenía esta potestad sancionadora. Pero cuando estabas en el otro lado, en la comunidad de al lado, la entidad pública tenía la misma obligación, porque la ley estaba en vigor, pero no había ninguna autoridad que la pudiera aplicar».

En definitiva, aseguró que no se había iniciado ningún procedimiento sancionador, simplemente porque otras comunidades autónomas no tienen un organismo parecido. Una afirmación que le ha valido muchas críticas por la inacción de la OAC, bajo la dirección de Gimeno, teniendo en cuenta que el organismo cuenta con un presupuesto de unos 7 millones de euros, de los que el 82 % (5.693.111,23 euros) se destinó a sueldos, incluyendo un salario anual de aproximadamente 160.000 euros para Gimeno.

Y eso que, según la Memoria 2024 de la OAC, se alcanzó una cifra histórica en la recepción de denuncias, 1.291 casos, lo que representa un aumento superior al 55 % respecto a años anteriores. Este incremento refleja una mayor confianza ciudadana en los canales de denuncia, especialmente en el buzón anónimo implementado desde 2017, que en 2021 ya canalizaba el 67,7% de las denuncias. Sin embargo, no ha tenido una traducción en modo de sanciones.

Otras polémicas

Hay que recordar que la Oficina Antifraude de Cataluña nació en 2008 como un organismo pionero en España, con el objetivo de prevenir e investigar casos de corrupción en el sector público catalán. Fue impulsada por el tripartito de izquierdas (PSC, ERC e ICV) y apoyada por Ciudadanos y se diseñó como una entidad independiente, adscrita al Parlament y no al Gobierno autonómico, para garantizar su autonomía.

Su ámbito de actuación abarca desde la Generalitat hasta ayuntamientos, universidades y empresas relacionadas con el sector público, con la misión de combatir el uso fraudulento de fondos públicos y los conflictos de intereses. Fue hija, en cierta manera, del famoso caso 3 %, la financiación irregular de Convergencia a través del cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obra pública.

Este organismo no ha estado exento de polémicas prácticamente desde su creación. Primero se les cuestionó su «espacio competencial» y se advirtió sobre posibles conflictos con otros organismos fiscalizadores, como la Sindicatura de Cuentas. Pero la OAC estuvo en el punto de mira tras el paso de Daniel Alfonso al frente de la entidad.

Primero, por la filtración de grabaciones de conversaciones privadas mantenidas con el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y en las que se discutían estrategias para incriminar a dirigentes de la antigua Convergencia y de ERC en casos de corrupción.

Otra gran polémica que persiguió a De Alfonso fue la detección de cobros indebidos durante su gestión en la OAC. Según varios informes de la Sindicatura de Cuentas, entre 2010 y 2018, percibió pagos irregulares que sumaron cerca de 300.000 euros. Fue destituido en junio de 2016.

Y, ahora, este organismo vuelve a estar en el foco, pero, en este caso, por inacción, o por no desplegar todas las potencialidades que la ley le confiere, como es la potestad sancionadora, algo que ha reconocido el propio director de la Oficina, Miguel Ángel Gimeno que, por cierto, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.