Las deportaciones de imanes radicales instalados en Cataluña chocan con la falta de control de la Generalitat

La Policía Nacional ha expulsado de España a tres imanes radicales en lo que va de 2025, todos ellos activos en territorio catalán, por difundir discursos extremistas que las autoridades consideran «peligrosos para la seguridad pública». Las deportaciones se enmarcan en un contexto de intensa actividad antiterrorista en una región que concentra el 30,4% de las detenciones por yihadismo en España.

El último caso se materializó el 1 de julio pasado cuando la Policía Nacional detuvo en Camprodon a un hombre de 37 años, residente en Olot, que había intentado convertirse en imam de Besalú en 2017. El individuo, seguidor del salafismo, promovía que «la ley islámica se cumpliera por encima de la Constitución y la legislación española» y defendía el uso obligatorio del velo integral para las mujeres, según informó el cuerpo policial.

Este ciudadano marroquí había creado un oratorio en Besalú sin éxito y, tras no poder ejercer como imam, difundía mensajes radicales a través de las redes sociales donde tenía «un número importante de seguidores». Llegó al extremo de renunciar a la nacionalidad española porque consideraba que «en el islam está prohibido tener la nacionalidad de un país no islámico».

Dos expulsiones en enero

Las primeras deportaciones del año se produjeron en enero, cuando fueron expulsados los imanes de la Jonquera y Figueres. Houmat Bouzelmat, del Centro Islámico Cultural Alfirdaous de la Jonquera, fue deportado el 9 de enero tras meses de seguimiento por parte de la Guardia Civil.

Mohamed Azougah, de la mezquita Al imam Wars de Figueres, corrió la misma suerte el 16 de enero.

Ambos religiosos, de origen marroquí y con edades comprendidas entre los 40 y 45 años, mantenían discursos salafistas y «no tenían relación entre ellos», según confirmaron fuentes policiales a El País. Sobre Azougah pesaba una orden de expulsión desde agosto de 2023 y acumulaba diversos antecedentes, algunos por maltrato a feligresas.

Cataluña, epicentro del yihadismo español

Estas expulsiones se producen en una región que lleva décadas siendo «el principal nodo yihadista de España», según explicó a El Debate el experto en terrorismo Francisco Villacampa. Cataluña concentra el 30,4 % de las detenciones por terrorismo islamista en lo que va de 2025, con 21 personas arrestadas hasta junio, según datos del Ministerio del Interior recogidos por El Debate.

La comunidad autónoma alberga la mayor población musulmana de España, con más de 660.000 personas que representan el 8,2 % de la población. E-noticies apunta que «una de cada tres mezquitas está tomada por el salafismo», una corriente que predica la superioridad de la ley islámica sobre el ordenamiento jurídico español.

El problema se ve agravado por la ausencia de un registro oficial de mezquitas e imanes. Tras los atentados de 2017 en Barcelona y Cambrils surgió la iniciativa de crear un censo que «finalmente quedó en papel mojado», según e-noticies. Las autoridades catalanas «no saben el número exacto de centros islámicos ni cuántos líderes religiosos hay», lo que dificulta el control de centros susceptibles de radicalización.

Factores de riesgo

Villacampa identifica varios factores que explican la prevalencia catalana en el terrorismo yihadista: el establecimiento de centros salafistas financiados por Arabia Saudí, Qatar y Kuwait; la falta de control administrativo sobre las comunidades musulmanas; problemas de cooperación entre cuerpos policiales; y la situación geográfica de Cataluña como puerta de entrada al norte de Europa.

El experto también señala que la inestabilidad política del procés independentista «puede haber afectado a ese control y gestión», ya que los yihadistas aprovechan las «situaciones políticas inestables» para desarrollar sus actividades.

Las tres expulsiones de 2025 se suman a otras deportaciones por yihadismo registradas en localidades como Terrassa y Mataró, evidenciando la persistencia del fenómeno radical en territorio catalán. La Policía Nacional califica estas deportaciones como «cualificadas» por tratarse de ciudadanos con «vínculos terroristas y/o radicalización profunda», considerándolos «activos con una peligrosidad muy elevada».

Con el nivel de alerta antiterrorista en 4 reforzado, las autoridades mantienen una vigilancia activa sobre mezquitas e imanes mientras persiste el debate sobre la necesidad de un registro oficial que permita un control más exhaustivo de los centros de culto islámicos.