El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en Shanghái este jueves

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en Shanghái de visita institucionalArnau Carbonell / Generalitat

Los «chiringuitos» catalanes: una factura de casi 19 millones en sueldos directivos que Illa hereda sin tocar

La red de organismos públicos de Cataluña mantiene su costosa estructura de cargos pese a las promesas de recorte del PSC

El entramado de organismos públicos catalanes se ha convertido en una herencia incómoda para Salvador Illa. Pese a sus críticas desde la oposición sobre la necesidad de adelgazar esta compleja maquinaria administrativa, el presidente socialista mantiene intacto un sistema que, según datos del periódico El Mundo, destina anualmente cerca de diecinueve millones de euros solo en retribuir a sus directivos.

Esta cifra, revelada por el propio gobierno catalán en sede parlamentaria tras una interpelación del PP, refleja únicamente las nóminas de dos centenares de altos cargos repartidos entre poco más de un centenar de entidades. Una muestra parcial de un universo mucho más amplio que abarca más de doscientas organizaciones y consume del erario público catalán una cantidad que supera los cuatro mil ochocientos millones anuales.

El negocio de dirigir lo público

Los salarios de estos responsables dibujan un mapa de privilegios que contrasta con las dificultades presupuestarias catalanas. Mientras algunos ciudadanos debaten sobre la eficiencia del gasto público, ciertos puestos directivos garantizan retribuciones que superan ampliamente los ciento cincuenta mil euros, como ocurre con quien dirige el futuro banco público catalán, según informa El Mundo.

La diversidad de estos organismos es llamativa: desde memoriales históricos hasta consorcios universitarios, pasando por agencias juveniles o servicios meteorológicos. Cada uno con su correspondiente estructura directiva y sus respectivos costes salariales que oscilan entre los ochenta y los ciento diez mil euros anuales para sus máximos responsables.

Particularmente significativo resulta el caso de entidades que cobraron protagonismo durante el proceso independentista. Organismos tecnológicos que facilitaron infraestructura para consultas no autorizadas o consorcios lingüísticos promocionales del catalán mantienen sus presupuestos directivos inalterados, con retribuciones que rondan los noventa mil euros según los datos publicados por El Mundo.

La ironía política es evidente: el mismo partido que prometió reducir en una décima parte estos organismos durante las negociaciones presupuestarias con ERC ha terminado administrando una estructura que no solo no decreció, sino que experimentó un ligero crecimiento durante la etapa final del gobierno republicano.

Las cifras son elocuentes sobre esta tendencia expansiva. En el último ejercicio de Pere Aragonès, el coste global de estas entidades se incrementó en casi quinientos millones respecto al ejercicio anterior, alcanzando la cifra récord que permanece vigente ante la ausencia de nuevos presupuestos aprobados.

Esta realidad desmiente las expectativas de quienes esperaban una gestión más austera por parte del PSC. Lejos de materializar el «reenfoque del gasto público» que Illa defendía desde la oposición, su gobierno mantiene operativa una red administrativa que sus críticos califican despectivamente como «chiringuitos», tal como documenta El Mundo en su información.

El resultado es un sistema que perpetúa lo que muchos consideran una costosa agencia de colocación política, financiada con recursos públicos y blindada por la inercia administrativa que caracteriza los cambios de gobierno en la Generalitat.

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