El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de ejército Amador Enseñat y Berea, ha realizado una visita al contingente español de la Unidad Patriot
Choque entre ERC e Illa por un concurso escolar que busca acercar el Ejército español a los alumnos catalanes
El presidente defiende la legalidad de «Carta a un militar» mientras los republicanos denuncian «exaltación militarista» en las aulas
El gobierno de Salvador Illa ha cerrado filas en torno al concurso «Carta a un militar español», una iniciativa del Ministerio de Defensa que lleva más de una década presente en centros educativos catalanes y que ahora enfrenta el rechazo frontal de Esquerra Republicana.
La controversia aterrizó formalmente en el Parlament el pasado 11 de junio, cuando la diputada Ester Capella i Farré exigió explicaciones al president sobre lo que calificó como «actividades de exaltación militar» en escuelas públicas y concertadas. Tres meses y medio después, la respuesta del Ejecutivo catalán no deja lugar a dudas: el concurso es legal, respeta la autonomía educativa y seguirá adelante.
Un certamen con más de diez años de recorrido
Organizado anualmente desde el curso 2013-2014 por la Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral del Ministerio de Defensa, el concurso invita a estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional a redactar cartas dirigidas a militares españoles. Cada edición plantea un tema específico orientado a visibilizar la labor de las Fuerzas Armadas y estimular la creatividad literaria juvenil.
Centros catalanes han participado desde la primera convocatoria. Queda claro en la respuesta oficial es que la Generalitat considera la iniciativa compatible con el marco constitucional y con la normativa educativa catalana.
La defensa gubernamental: legalidad y autonomía
En su respuesta parlamentaria del 30 de septiembre, el Ejecutivo de Illa argumenta que el desarrollo del concurso se ampara en los artículos 8, 97 y 149 de la Constitución, y no contraviene ni los principios constitucionales ni el derecho a la educación recogido en la legislación orgánica correspondiente.
Más aún, el gobierno autonómico subraya que la decisión de participar recae exclusivamente en la autonomía de cada centro educativo, tal como establece la Ley de Educación catalana. Según esta línea argumental, cada colegio o instituto puede determinar libremente si incorpora el concurso a su oferta de actividades, siempre dentro de su proyecto pedagógico y su ideario particular.
El documento también precisa que la modalidad de calificación y el enfoque didáctico pueden variar según el centro, y establece que cualquier familia que detecte criterios evaluativos arbitrarios puede presentar quejas ante la dirección del centro o recurrir a la dirección territorial competente.
El precedente de Tarragona que avivó la llama
La polémica no surge de la nada. A principios de año, ERC denunció públicamente que algunos colegios tarraconenses, como el Santa Teresa de Jesús, promocionaban el concurso ofreciendo mejoras en las calificaciones a cambio de la participación estudiantil. Los republicanos recibieron quejas de familias que prefirieron mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
Xavi Puig, portavoz adjunto de ERC en Tarragona, señaló entonces que premiar académicamente este tipo de iniciativas «atenta contra los principios de una educación democrática y plural». El partido también criticó que las cartas deban redactarse exclusivamente en castellano y cuestionó por qué no se promueven concursos similares dedicados a médicos, bomberos o voluntarios sociales.
La consellera de Educación, Esther Niubó, ya defendió en aquel momento la libertad de cada centro para elegir sus proyectos, siempre que no incumplan ninguna normativa. Una línea discursiva que el Govern ha mantenido intacta en su respuesta parlamentaria.
El enfrentamiento pone sobre la mesa dos concepciones divergentes sobre el papel del Ejército en el ámbito educativo. Para ERC, el concurso representa una forma de propaganda militarista inadmisible en las aulas, mientras que para el Govern se trata de una actividad legítima que los centros pueden acoger libremente sin vulnerar principio alguno.
Lo que comenzó como una denuncia local en Tarragona ha escalado hasta convertirse en un nuevo frente de tensión entre el Govern socialista y sus socios republicanos, evidenciando una vez más las fracturas ideológicas que atraviesan el debate educativo en Cataluña.
