Un informe desenmascara las empresas públicas catalanas: «Arquitectura sobredimensionada que imita una nación»

Cataluña dispone de unas 277 entidades públicas, frente a las 129 con las que cuenta Andalucía o las 104 de la Comunidad de Madrid. Es uno de los datos que recoge el Dedómetro de la Fundación Hay Derecho, en una comparativa entre autonomías que tiene un número de población parecida. De esas más de 200 entidades o empresas públicas, y según los últimos Presupuestos de la Generalitat (los que se aprobaron en 2023 porque se han ido prorrogando desde entonces), 183 cuentan con dotación presupuestaria.

Eso sí, llegar hasta esta cifra no ha sido fácil, porque «ni siquiera todos los registros de entidades coinciden», ha explicado a El Debate la directora general de Hay Derecho, Safira Cantos. Pero, en cualquier caso, mantener esa infraestructura tiene un coste importante: 20.359 millones de euros anuales, casi cinco veces más que los 4.315 millones de Madrid.

«Resulta llamativa la sobredimensión y la fragmentación, con varias entidades dentro de los mismos ámbitos, como comunicación o energía. Convendría hacer una revisión sobre las funciones que cumplen cada una de ellas», ha señalado Santos, que también ha lamentado la «auténtica arqueología de datos» que se ha tenido que llevar a cabo para recabar información, dada la inconsistencia de esos registros oficiales, porque las cifras no coincidían entre ellos.

Pero, en cualquier caso, deja claro que este modelo genera «ineficiencias y costes» para los ciudadanos, especialmente en un momento en que el debate sobre el modelo de financiación autonómica está encima de la mesa. «Es muy importante poner eso en relación con la eficacia del sector público y con si es necesaria toda la estructura que actualmente existe en Cataluña», ha apuntado.

¿Exactamente qué es lo que se analiza en el estudio? No se trata de analizar la administración territorial «pura y dura», como las direcciones generales de la Generalitat, sino entidades «más flexibles» como empresas públicas, organismos reguladores y autoridades independientes. «Estamos hablando de entidades especializadas que deben responder al interés público, pero que al mismo tiempo cumplen una función muy especializada», ha explicado.

Se trata de entidades como Aeropuertos Públicos de Cataluña, empresas de movilidad, de energía, la Autoridad Catalana de la Competencia, de vivienda o telecomunicaciones. Empresas que cuentan una media de 400 empleados por entidad, y hasta miles en algunos casos, que deberían responder al interés público con una gestión eficiente, pero a menudo se utilizan para «arbitrariedad, cuando no debería ser así» precisa Cantos. Es decir, que se usan como agencias de colocación de afines.

El informe evalúa el mérito mediante una puntuación objetiva: formación relacionada con el sector, experiencia profesional general (exigiendo un mínimo de 10 años para cargos de máxima responsabilidad), experiencia específica en el ámbito (puntuación progresiva a partir de 5 años, alcanzando el 10 con 15 años) y experiencia de gestión. Un elemento clave es la ponderación política, que resta puntos si los candidatos proceden de cargos de libre designación política.

Falta de mérito y capacidad

¿Por qué? «Porque se trata de entidades que tienen que estar gestionadas desde criterios de estrategia empresarial y profesional y de servicio público. Entonces, entendemos que no pueden convertirse en lugares de colocación para afines políticos o tráfico de favores», ha argumentado Cantos. Aunque no vinculó directamente entidades catalanas a casos de corrupción específicos, «no podríamos hacerlo», ha recordado que, «no es casual que en muchos casos, a nivel general, haya empresas públicas implicadas en casos de corrupción».

Otro de los hallazgos importantes que recoge el estudio es la ausencia de procesos selectivos regulados en la inmensa mayoría de los casos. De las 40 entidades analizadas, solo seis establecen requisitos legales objetivos para los puestos. Y eso se traduce en que, de 150 directivos analizados, en los últimos quince años, solo uno accedió mediante un procedimiento abierto, competitivo y transparente.

Se trata de un nombramiento en la Agencia Catalana de Noticies (Intracatalònia, S.A.), que se realizó recientemente en febrero de 2025, que incluyó requisitos como título universitario, 15 años de experiencia periodística y evaluación por comité independiente, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).

«Esto tendría que ser lo normal, no la excepción», ha insistido Santos, que apuesta por procesos que atraigan talento a la administración y eviten selecciones «dirigidas» para guardar apariencias. El resto de nombramientos se hizo de forma directa, a menudo guiados por afinidades políticas, un fenómeno que se intensificó durante el proceso independentista. El indicador de mérito y capacidad que ha utilizado la fundación para hacer el estudio, refleja que, desde el 2012 y hasta el 2018, se situó por debajo del 5. Es decir, no consigue ni el aprobado raspado.

La politización se agrava con una rotación excesiva de directivos, ligada a los seis cambios de legislatura en 15 años, lo que Safira Cantos considera una «anomalía» en sí misma. Y es que algunas de las entidades analizadas han tenido hasta siete u ocho líderes en este período, lo que impide planes estratégicos estables, especialmente en áreas como la vivienda o infraestructuras.

«Es imposible que vayan a poder liderar un plan estratégico que repercuta lo mejor posible en los servicios que recibimos los ciudadanos», ha destacado la directora general de la Fundación Hay Derecho, quien ha recordado que, en países de nuestro entorno, como Francia, Portugal o Italia, la media de permanencia es de ocho años, desvinculada, por lo tanto, a los ciclos electorales.

Entre las recomendaciones, Santos propone procesos de selección abiertos y transparentes para atraer talento; requisitos normativos objetivos en función del perfil de responsabilidad; contratos vinculados a evaluaciones de desempeño y rendición de cuentas pública sobre la gestión de la entidad.

«No hemos medido la gestión, pero es información muy relevante que se debería hacer pública», ha enfatizado. Y también apuesta por un refuerzo transversal de la transparencia, con los directivos responsables de su cumplimiento. «No solamente es una responsabilidad para esos directivos, sino también una garantía: si aquí las cosas se hacen bien, eso se va a hacer público y se va a tener en cuenta», ha subrayado.