De Puigdemont a Aragonès: la Fiscalía pide investigar un ‘agujero negro’ de 167 millones en pagos indebidos

En mayo de 2025 la Generalitat de Cataluña eliminó la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) tras una gran polémica por los casos de abusos a menores y las irregularidades detectadas por parte de la Sindicatura de Cuentas en la externalización de sus servicios. El detonante fue el caso de una niña de 12 años que fue violada repetidamente entre 2020 y 2021, mientras estaba bajo custodia de la Generalitat.

El gobierno catalán, entonces en manos de ERC y Junts, permitió que se diera esa circunstancia anómala, a pesar de recibir un expediente de desamparo emitido por los Servicios de Atención a la Infancia de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que hacían seguimiento de su caso.

A los 12 años, cuando aún vivía con sus padres, la menor fue captada a través de una aplicación de citas por Teófilo L. M., un electricista de 45 años que la violó reiteradamente en su casa, grabó vídeos sexuales de ella y la usó para acercarse a otros menores de edad, la mayoría varones. La Fiscalía pide 107 años de cárcel para el agresor, que todavía debe afrontar otros dos juicios más por diversos delitos como líder de una de las mayores redes de pederastia desarticuladas en Cataluña.

Cambio de nombre

A partir de mayo de 2025, la DGAIA desapareció formalmente y ha pasado a llamarse Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). Esta dispondrá, en 2027, de 300 nuevos profesionales. Asimismo, las prestaciones económicas a los jóvenes y la contratación de plazas con fundaciones y entidades del sector privado recaerán en otras direcciones generales de la consejería tras las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas, según un informe presentado el pasado noviembre en el Parlament.

Vinculado a este informe del Parlament, ahora la Fiscalía ha solicitado al Tribunal de Cuentas que investigue las irregularidades detectadas en la gestión de la extinta DGAIA. El Ministerio Público quiere aclarar si existe responsabilidad contable en los 167 millones de euros en pagos indebidos realizados entre 2016 y 2022, entre los gobiernos de Carles Puigdemont y Pere Aragonès.

El documento señala que la Generalitat incurrió en una infracción de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña. El texto describe expedientes con ayudas sociales mal concedidas, pagos no reclamados y cantidades prescritas que habrían causado un perjuicio real a las arcas públicas.

De los 167 millones bajo sospecha, 7,17 millones ya están prescritos, mientras que otros 4,7 millones corresponden a ayudas irregulares a jóvenes extutelados. La actual consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez, ha anunciado que se condonará buena parte de estas cantidades. A juicio de la consejera y la Generalitat, los errores son atribuibles a la administración y no a los beneficiarios.

Conclusión demoledora

La conclusión de la Sindicatura de Comptes en el informe 6/2025 es demoledora. «La infracción de la normativa de finanzas públicas de la Generalitat de Cataluña ha comportado que, desde el año 2016, haya expedientes de prestaciones sociales de carácter económico con pagos indebidos, posteriormente no reclamados y prescritos, que han producido un menoscabo efectivo a la Hacienda de la Generalitat», dicen. Esto es lo que pide investigar la Fiscalía.

Por su parte, el gobierno de la Generalitat considera que el 90% de los fondos podrá recuperarse, pero ha decidido condonar la deuda a quienes aún a día de hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad. El Ejecutivo sostiene que reclamar esos importes agravaría la precariedad de los jóvenes. Esta medida ha indignado a muchos en las redes sociales, afirmando que se premia la mala administración y se saca a relucir una doble vara de medir.