El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda; el de TV3, Sigfrid Gras, y la presidenta de la CCMA, Rosa Romà
Tribunales
Una jueza investiga a nueve directivos de TV3 por prevaricar y malversar fondos públicos
Los investigados tendrán que comparecer en primavera de 2026
La jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ha citado a declarar en calidad de investigados a nueve altos cargos y exdirectivos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el organismo público que controla, entre otros canales, a TV3, Catalunya Ràdio y la plataforma de streaming 3Cat.
La investigación nace a raíz de una denuncia presentada por Societat Civil Catalana (SCC) en abril, en base a una investigación llevada a cabo por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña sobre la gestión de la CCMA. En la denuncia, según señala SCC en un comunicado este jueves, solicitaban la apertura de diligencias por los posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos y otros relacionados con la gestión ilícita de recursos públicos.
Entre las nueve personas investigadas se encuentran los siete integrantes del actual consejo de gobierno de la CCMA, además del director de la Fundación La Marató y otro alto cargo, según recoge La Vanguardia, que adelanta que tendrán que comparecer ante la magistrada en primavera de 2026.
En concreto, el informe de la Sindicatura de Cuentas llamaba la atención sobre el reparto de sueldos excesivos, por encima de los límites que marca la ley, entre los años 2015 y 2021, que corresponden a la anterior cúpula directiva de la CCMA.
Un «patrón sistemático»
SCC, no obstante, también detectó presuntas irregularidades entre 2021 y 2022, en lo referente a la selección de los actuales directores de TV3 y de Catalunya Ràdio –respectivamente, Sigfrid Gras y Jordi Borda–, así como los elevados sueldos de cuatro directivos del ente, que superaban incluso los de un consejero de la Generalitat y se situaban por encima de los 120.000 euros.
El presidente de la entidad constitucionalista, Álex Ramos, se ratificó en julio en los hechos denunciados. SCC denuncia que estos hechos podrían ser «parte de un patrón sistemático de gestión irregular con relevante impacto económico y posible trascendencia penal». Por ello, en la denuncia solicitan diligencias específicas para verificar si conductas similares se han producido también en ejercicios anteriores o posteriores.