El presidente de Societat Civil Catalana, Álex Ramos (centro), frente al juzgado
Tribunales
Societat Civil Catalana ratifica su denuncia contra TV3 por prevaricar y malversar fondos públicos
Ramos pide que los hechos se sigan investigando ante los «evidentes indicios» de delito
El presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Álex Ramos, ha declarado hoy en el Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) para ratificar ante la jueza la denuncia interpuesta por la entidad contra la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
La CCMA es el organismo que engloba a los canales de radio y televisión públicos de Cataluña, como TV3, Catalunya Ràdio o la plataforma 3Cat. Ramos ha ratificado la denuncia –un paso imprescindible para poder continuar con el proceso judicial–, que ya presentó SCC en abril y que responde a una serie de «graves irregularidades» detectadas por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña en un informe.
En concreto, se denuncian presuntas irregularidades entre los años 2021 y 2022 referidas a cómo se llevó a cabo la selección de los actuales directores de TV3 y de Catalunya Ràdio –respectivamente, Sigfrid Gras y Jordi Borda–, así como los elevados sueldos de cuatro directivos del ente, que superaban incluso los de un consejero de la Generalitat y se situaban por encima de los 120.000 euros.
También se recogen pagos sin cobertura contractual o legal, falta de auditorías obligatorias y aplicación indebida de las jornadas laborales reducidas. En su denuncia, la entidad constitucionalista considera que lo ocurrido en estos años «podrían no ser casos aislados sino parte de un patrón sistemático de gestión delictiva, con relevante impacto económico y posible trascendencia penal».
La jueza lo investigará
En la denuncia de SCC también se piden diligencias específicas para verificar si conductas similares se han producido también en ejercicios anteriores o posteriores. La jueza abrió en mayo un auto de incoación al considerar que los hechos pueden constituir un delito en el ámbito del artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ramos ha acudido a declarar acompañado por Ferran Brunet, miembro de la Junta Directiva de SCC, y por los abogados Juan Chapapría y Mario de Diego. Según un comunicado enviado por SCC, en su declaración Ramos ha insistido en su voluntad de que los hechos se sigan investigando «ante los evidentes indicios de prevaricación, malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos y otros relacionados con la gestión ilícita de recursos públicos».
