Sociedad Civil Catalana lleva a TV3 a los juzgados por un «patrón sistemático» de irregularidades económicas

Sociedad Civil Catalana (SCC) quiere que se llegue hasta el fondo y se investigue las preguntas irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas en la gestión de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), organismo que engloba a la televisión y a la radio pública catalanas o a la Fundació La Marató de TV3, en los años 2021 y 2022. Por este motivo, ha presentado una denuncia ante los juzgados contra los presuntos responsables de esa mala gestión.

En ese informe de la Sindicatura se alerta de las «deficiencias» en las bases de la selección de los directores de TV3 y de Catalunya Ràdio; también de las elevadas retribuciones de cuatro directivos del ente, hasta el punto de que superaron la del consejero de la Generalitat «contrariamente a lo que establece la normativa». Se trata de sueldos superiores a los 120.000 euros.

Y a eso hay que añadir la falta de transparencia para elegir a los directivos o incumplimiento de la jornada laboral. Y es que, la normativa determina que no puede ser inferior a las 37,5 horas, pero en la CCMA se ha establecido en 35 horas.

En la denuncia se solicita la apertura de diligencias por los posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, omisión del deber de perseguir delitos y otros relacionados con la gestión ilícita de recursos públicos. Los hechos afectan al Consejo de Gobierno de la CCMA, pero también a varios cargos directivos y técnicos.

Para Sociedad Civil Catalana, estas prácticas que denuncia la Sindicatura, «podrían no ser casos aislados», sino «parte de un patrón sistemático de gestión irregular con relevante impacto económico y posible trascendencia penal». Por ello, en la denuncia se han solicitado diligencias específicas para verificar si conductas similares se han producido también en ejercicios anteriores o posteriores.

Pasividad de las administraciones

La presidenta de SCC, Elda Mata, ha recordado que los medios de comunicación públicos siempre han contado con los recursos económicos que hiciera falta, hasta el punto que «las dotaciones económicas, ejercicio, tras ejercicio, debían ser complementados por superar los presupuestos iniciales». Y son muchas las voces, ha asegurado, que han advertido de la «deriva» del ente.

Pero no solo no se han hecho caso de esas advertencias, sino que tampoco se ha actuado «ni política, ni legalmente», a pesar de las presuntas irregularidades recogidas por la Sindicatura en sus informes.

Juan Chapapría, abogado del despacho Chapapría-Navarro & Asociados, que representa a la entidad, ha recordado que no se presenta la denuncia por «meros indicios», sino que se ha hecho un análisis profundo de los informes solicitados a diferentes administraciones públicas o la Sindicatura de Cuentas. Son, ha asegurado, unas irregularidades «muy graves» que ha podido cometer una entidad pública con fondos públicos, que tenían que haber sido controlados desde hace tiempo por parte de las administraciones que, a su vez, tenían que haber tomado ya las medidas oportunas.

A TV3, desde luego, no le falta la financiación pública. Recordemos que el anterior gobierno de la Generalitat, presidido por Pere Aragonés, dio luz verde a un contrato programa con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, con una inversión de 1.347 millones de euros hasta 2027. Sale a una media de 350 millones de euros cada año. Y eso que se prorrogaron los presupuestos del 2024 y también se ha hecho lo mismo con los actuales