Sociedad Civil Catalana confía en la justicia europea tras el dictamen sobre la amnistía: «Aún queda partido»

Tras conocerse el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, sobre la compatibilidad de la ley de amnistía con el Derecho comunitario, el presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), Álex Ramos, ha expresado su «total confianza» en la justicia europea y ha afirmado que la entidad continuará defendiendo la causa contable por malversación ante el Tribunal de Cuentas.

La organización cívica ha recordado que, frente al criterio de la Fiscalía, que abogó por cerrar el procedimiento contable una vez aprobada la ley de amnistía, SCC pidió al Tribunal de Cuentas que planteara una cuestión prejudicial al TJUE para determinar si la norma podía entrar en conflicto con el Derecho de la Unión. SCC también ha intervenido en el procedimiento de las prejudiciales planteadas ante el tribunal europeo.

Ramos ha señalado que «queda mucho partido por jugar» y que SCC «hará todo lo que esté en sus manos para mantener viva ante el Tribunal de Cuentas la causa contable por malversación contra los dirigentes separatistas por el uso de dinero público en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017».

Según el presidente de la entidad, una lectura detallada del dictamen pone de manifiesto que «el procedimiento previsto por la ley de amnistía para su aplicación vulnera la Tutela Judicial Efectiva, el derecho a un juicio justo, y afecta a la esencia del Estado de Derecho». Si el TJUE confirma el criterio del abogado general, el caso debería regresar al Tribunal de Cuentas.

Los puntos destacados del dictamen según SCC

SCC ha destacado tres conclusiones del abogado general del TJUE que, a su juicio, evidencian que la ley de amnistía podría contravenir el Derecho de la Unión Europea. Por un lado, está el plazo impuesto de dos meses para que el tribunal adopte una decisión.

Desde la entidad dejan claro que el abogado general considera que este límite no es válido conforme al Derecho de la UE, ya que impide investigar con normalidad si hubo afectación de fondos europeos. Esta circunstancia podría dar lugar a una futura investigación sobre la posible utilización de fondos de la Unión.

Por otro lado, está el levantamiento anticipado de medidas cautelares. La norma, dice SCC, prevé el levantamiento de las medidas cautelares y la exoneración de los implicados antes de que el TJUE responda a la cuestión prejudicial.

El abogado general dictamina que tal disposición también vulnera el Derecho comunitario, por lo que el Tribunal de Cuentas puede mantener las medidas cautelares mientras esté pendiente la resolución europea.

Y sobre la limitación de la intervención de terceros, la entidad asegura que el dictamen critica que la ley restrinja quién puede intervenir en el procedimiento, excluyendo a quienes ejercen una acción pública, como Sociedad Civil Catalana.

Según el abogado general, esta limitación contraviene el Derecho de la UE, ya que solo permitía participar a la parte perjudicada, la Generalitat de Cataluña, que no se ha pronunciado al ser parte interesada en la amnistía. SCC confía en poder intervenir plenamente en el proceso.