El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la líder de los Comunes en el Parlament, Jéssica Albiach
Cataluña
Los empresarios ven «filocomunista» que Illa quiera prohibir la compra de pisos para invertir
El presidente de Foment augura que los tribunales «tumbarán» la medida pactada entre el PSC y los Comunes
El veto impulsado por el gobierno catalán contra la «compra especulativa» de vivienda ha generado reacciones intensas. La polémica medida nace del pacto entre el gobierno de la Generalitat, presidido por Salvador Illa, y los Comunes –marca local de Sumar– para aprobar los Presupuestos de 2026, y contempla una modificación de la ley de urbanismo para que los ayuntamientos puedan vetar a «grandes tenedores» las compras de inmuebles que no sean para vivir.
Entre los detractores de la medida –pactada esta semana y a la que todavía le queda por delante el trámite parlamentario– se ha destacado el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. En una entrevista en Catalunya Ràdio, el portavoz de los empresarios ha tildado de «filocomunista» el veto previsto por el PSC y los Comunes
En la entrevista, Sanchez Llibre ha defendido la necesidad de que haya presupuestos –«aunque no nos gusten», ha señalado–, pero también ha mostrado su preocupación por el impacto de la prohibición en la propiedad privada. “Tengo mucha preocupación por la imagen de Cataluña a nivel internacional por implementar una serie de políticas que considero filocomunistas, que cambian el voto de los presupuestos a cambio de vulnerar derechos fundamentales como la propiedad privada", ha criticado.
El presidente de Foment también ha pedido tener en cuenta la «idiosincrasia» de Cataluña en materia de suelo público, y no deslumbrarse por medidas que pueden tener sentido en otros contextos, como Dinamarca, los Países Bajos o Singapur.
El presidente de Foment del Treball Nacional, Josep Sánchez-Llibre, en una imagen de archivo
Con todo, Sánchez Llibre ha augurado que la medida –pese a las previsiones del Govern, que ha encargado varios informes previos al respecto– no llegará a buen puerto: «Lo tumbarán los tribunales», señala.
Los Comunes
Por su parte, la diputada de Sumar y portavoz de los Comunes en el Congreso, Aina Vidal, asegura que la modificación «tiene límites», que son «los que tiene pactar» con el PSC.
Así lo ha dicho en una entrevista en el programa Cafè d’Idees de RTVE, preguntada sobre si, con la nueva normativa, un fondo de inversión que comprase un edificio podría separar sus viviendas y venderlas por el doble de precio que le ha costado. Vidal ha añadido que los Comunes están estudiando tasar el precio de la compra.
El portavoz de los Comunes en el Parlament, David Cid, ha llamado a la «colaboración» de los ayuntamientos con la modificación de la ley de urbanismo para limitar la compra especulativa de vivienda en Cataluña, y ha reconocido que dependerá de cada gobierno municipal implementarlo o no. Cid considera que «es lo mismo» que ocurre con el tope a los precios de alquiler.
Preguntado por las quejas de la Cambra de la Propietat a la ley, que argumenta que los fondos de inversión que compran edificios también los rehabilitan, ha expresado que eso es «el cuento de la lechera o las lágrimas de los ricos», y ha sostenido que los fondos convierten las viviendas en colivings o apartamentos turísticos.
La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, ha afirmado este viernes que el gobierno municipal ofrece la «máxima predisposición» para aplicar la limitación de compras especulativas, y ha recordado que en enero se planteó, a instancias de los Comunes, una modificación del plan general metropolitano (MPGM) para definir que las viviendas de Barcelona son para vivir y no para especular, que no prosperó por el voto en contra de ERC.