Jordi Bonet saqueó el futuro del fútbol base catalán para financiar su carrera electoral

Han pasado unos seis meses desde que el fútbol catalán se vio obligado a mirarse en un espejo que devolvía una imagen deformada por el clientelismo y la presunta corrupción.

Hoy, con la perspectiva que da el tiempo, la resolución del Tribunal Catalán del Deporte (TCE) de octubre de 2025 se erige como el acta de defunción de una forma de gestionar el deporte que confundía el patrimonio federativo con el bolsillo particular. En el centro de esta tormenta figuró, de manera prominente, la imputación de Jordi Bonet y el uso sistémico de las tarjetas de débito de la Federación Catalana de Fútbol (FCF).

Todo comenzó a desmoronarse cuando Oriol Camacho Martí, secretario general de la FCF, decidió romper su silencio. Su denuncia ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) no fue solo un acto de transparencia, sino la explosión de una burbuja de opacidad que rodeaba a la junta del presidente de la FCF, Joan Soteras. Camacho describió un entramado donde la estructura de la Federación se puso, presuntamente, al servicio exclusivo de una candidatura electoral.

Sin embargo, el punto que más indignación causó en el tejido de los clubes modestos fue el escándalo de las tarjetas de débito. Según las investigaciones que vieron la luz en 2025, se utilizaron fondos de la entidad, dinero que debía ir destinado al fomento del fútbol base, para sufragar gastos que nada tenían que ver con la gestión deportiva.

La imputación de Jordi Bonet por parte del TCE no fue un hecho aislado, sino una pieza clave del engranaje. Las acusaciones apuntaban a que las tarjetas de los delegados territoriales se convirtieron en herramientas de seducción electoral. El mecanismo era tan rudimentario como efectivo. Se sospechaba que, a través de estas tarjetas corporativas, se financiaron comidas, agasajos y gastos diversos con el fin de asegurar el voto de los asambleístas y representantes de clubes en las elecciones de 2023.

El TCE, en su resolución 4100-33/24, calificó estos hechos preliminarmente como infracciones muy graves. El abuso de autoridad y la utilización de recursos federativos para predeterminar resultados electorales no solo vulneraron la Ley del Deporte de la Generalidad, sino que hirieron de muerte la ética competitiva. Para Bonet y el resto de los diecinueve implicados, aquel otoño de 2025 marcó el inicio de un calvario judicial y administrativo que ha terminado por desmantelar la antigua cúpula de la calle Sicilia.

Maniobras denunciadas

El tema de fondo de esta crisis no estaría completo sin mencionar el nivel de sofisticación, y a la vez de tosquedad, de las maniobras denunciadas. Durante el proceso electoral se llegó a constatar la desconexión de cámaras de seguridad, en las sedes federativas, para permitir reuniones de campaña en zonas restringidas, ocultando quién entraba y quién salía.

A esto se sumó la sustitución de personal técnico con años de experiencia por perfiles afines" que, bajo las órdenes de la dirección general liderada por José Miguel Calle, habrían facilitado la validación de votos que la justicia ordinaria en Sabadell puso bajo sospecha. La sombra de la falsedad documental sobrevoló cada urna, mientras las tarjetas de débito seguían registrando movimientos que el TCE consideró incompatibles con la gestión de una entidad sin ánimo de lucro.

A lo largo de 2025, se vivió un intenso debate jurídico. Mientras el TCE avanzaba por la vía administrativa y disciplinaria, el Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell mantenía abierta la vía penal. Esta dualidad permitió que, aunque el Tribunal Deportivo se declarara incompetente para juzgar la malversación de subvenciones públicas, tarea que recayó en la Generalidad, sí pudiera actuar con contundencia contra la vulneración de las normas electorales.

La imputación de los directivos no fue solo por gastar dinero, sino por el abuso de confianza. La FCF manejaba presupuestos millonarios provenientes en gran parte de las fichas de los niños y jóvenes que juegan cada fin de semana. Ver esos recursos convertidos en extractos de tarjetas para intereses políticos personales fue el detonante de la mayor crisis institucional de la historia de la Federación.

A día de hoy el panorama ha cambiado. La resolución del TCE sentó un precedente histórico en Cataluña. El todo vale para mantenerse en el poder ha sido castigado. Los nombres de Soteras, Calle y Bonet han quedado ligados a un periodo oscuro donde la gestión federativa se asemejó más a una estructura clientelar que a una organización deportiva moderna.

La imputación de Jordi Bonet sirvió para demostrar que ningún directivo es intocable cuando se cruza la línea roja del dinero común. El fútbol catalán está hoy en proceso de reconstrucción, intentando recuperar la confianza de unos clubes que vieron cómo sus cuotas terminaban financiando campañas electorales en restaurantes de lujo y hoteles.