Empresarios y notarios se revuelven contra Illa por prohibir la compra de vivienda para invertir

El Govern de Salvador Illa afronta un amplio frente crítico por su plan para vetar la llamada «compra especulativa» de vivienda en Cataluña, una medida pactada con los Comunes para sacar adelante los Presupuestos mientras ERC mantiene la presión y se hace de rogar para garantizar sus votos. Patronales empresariales, notarios, sector inmobiliario y expertos en vivienda alertan de un ataque a la propiedad privada, de inseguridad jurídica y de serias dudas sobre que la norma supere el filtro de los tribunales.

La patronal Foment del Treball ha sido una de las voces más contundentes contra el acuerdo entre PSC y Comunes que permitiría a los ayuntamientos vetar la compra de inmuebles por parte de grandes tenedores cuando no sea para destinarlos a vivienda habitual.

Su presidente, Josep Sánchez Llibre, ha calificado la iniciativa de «filocomunista» y ha advertido que se están cambiando votos a los presupuestos «a cambio de vulnerar derechos fundamentales» como la propiedad privada. A su juicio, la medida dañará la imagen internacional de Cataluña y terminará siendo «tumbada» por los tribunales.

El veto a la compra de vivienda para invertir forma parte del pacto con los Comunes para desbloquear las cuentas de 2026, pero el Govern sigue pendiente de ERC, que mantiene la incertidumbre y utiliza su apoyo como palanca negociadora.

Este contexto de fragilidad política alimenta la percepción de que el Ejecutivo catalán legisla sobre un derecho básico como la vivienda más pendiente de sumar apoyos parlamentarios que de ofrecer seguridad jurídica y estabilidad regulatoria al conjunto de la economía.

Datos de notarios: precios en máximos y poca «especulación»

El Colegio Notarial de Cataluña ha aportado munición al debate con la presentación de su nuevo Portal Estadístico, que confirma que los pisos en Barcelona ya son más caros que en plena burbuja inmobiliaria, con un precio medio de 4.587 euros por metro cuadrado en 2025, un 5,5 % por encima de 2007.

Desde el sector inmobiliario, diversas voces cuestionan la eficacia real del veto y advierten de un posible efecto disuasorio sobre la inversión, tanto nacional como internacional, en un momento en que el déficit de vivienda nueva en Cataluña se sitúa ya en decenas de miles de unidades.

Juristas y operadores del mercado recuerdan, además, que cualquier limitación a la libertad de empresa y a la propiedad privada deberá superar el control de constitucionalidad y el de los tribunales ordinarios, lo que introduce más incertidumbre sobre la aplicación real de la medida y alimenta la sensación de improvisación normativa. El encarecimiento es estructural —falta de oferta y ritmo insuficiente de construcción— y que la compra especulativa representa una proporción reducida de las operaciones, dominadas por personas físicas y no por fondos o grandes tenedores. También destacan que uno de cada tres pisos vendidos en Barcelona en 2025 fue adquirido por un comprador extranjero, lo que apunta a un mercado muy tensionado y atractivo, pero no necesariamente dominado por grandes operadores financieros.

Mientras los Comunes presionan para avanzar en la intervención del mercado —incluso estudiando fórmulas para tasar los precios de compra, no solo los de alquiler—, las patronales empresariales y los notarios insisten en que el problema de fondo es la falta de oferta, los retrasos administrativos y las carencias en infraestructuras que impiden descongestionar Barcelona.

El resultado es un «tutifruti» de críticas: desde quienes ven en la iniciativa un gesto ideológico contra la propiedad privada hasta quienes, desde dentro del propio sector de la vivienda, advierten que el Govern corre el riesgo de anunciar una prohibición que, en la práctica, podría quedar desactivada por los tribunales o por su inaplicabilidad real.