La Generalitat abre 529 expedientes por incumplir el tope del alquiler en Cataluña

La unidad inspectora de la Generalitat ha abierto 529 expedientes sancionadores en las zonas de mercado tensionado desde la entrada en vigor, en marzo de 2024, de la ley que limita el precio de los alquileres en Cataluña, la mayoría por no respetar el tope fijado por la normativa y con especial incidencia en la demarcación de Barcelona, que acumula el 76% de los casos.

Según los datos difundidos por el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, el 74% de los expedientes se han iniciado de oficio por la propia Administración, mientras que el 26% restante proceden de denuncias de particulares, principalmente inquilinos que han detectado posibles abusos en el precio del arrendamiento. En el 79% de los casos, la causa principal es el incumplimiento de la limitación de precios, ya sea de forma exclusiva o combinada con otras irregularidades.

La Generalitat detalla que el 89% de los expedientes se encuentran todavía en fase de diligencias previas, la etapa inicial en la que se investigan los hechos antes de decidir si se abre un procedimiento sancionador formal. Un 10% han sido archivados –51 en total–, de los que 18 se cerraron en esa fase preliminar y 31 de manera definitiva, mientras que dos se han anulado.

La demarcación de Barcelona concentra 402 expedientes, el 76% del total, seguida de Tarragona, con 60 (11,3%), Girona, con 48 (9%), y Lleida, con 19 (4%). Solo en la ciudad de Barcelona se acumulan 210 expedientes, el 40% de todos los abiertos en Cataluña, mientras que otros municipios destacados son Girona, con 31, Badalona, con 23, y Sitges, con 14.

Entre las infracciones detectadas figuran no solo los precios por encima del índice, sino también el cobro a los inquilinos de gastos de gestión inmobiliaria o de formalización del contrato, así como la falta de mención de la condición de gran tenedor o del precio en los anuncios de alquiler. Territori apunta asimismo a la detección de viviendas que se presentan sin especificar la finalidad real del contrato, en especial pisos destinados al alquiler de habitaciones bajo contratos de temporada o de uso distinto a la vivienda habitual.