Los técnicos advirtieron hace un año a la Generalitat de que estaban desprotegiendo a menores vulnerables

El escándalo de las irregularidades en la protección de menores tutelados por la Generalitat sigue vivo. Los «pagos indebidos» en el entorno de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) –hoy liquidada y sustituida por otro organismo de siglas similares, DGPPIA–, hechos públicos en un demoledor informe de la Sindicatura de Cuentas en junio que los cifraba en más de 167 millones de euros, continúan trayendo cola.

Partidos como el PP, Vox y Aliança Catalana siguen denunciando el caso en el Parlament, exigiendo responsabilidades, y ha sido en la comisión de investigación constituida en este organismo donde se ha añadido una nueva pieza al puzzle. Se trata de un informe firmado por 500 técnicos de los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) y entregado a la Generalitat en febrero de 2025.

El documento, adelantado por El Món, alerta al departamento de Derechos Sociales de negligencias en el seno de la DGAIA: “Niños y adolescentes que ya se han valorado y que se encuentran en situación de desamparo continúan bien en el centro de acogida, ocupando estas plazas más tiempo del necesario, o bien siguen conviviendo con las familias de las cuales se les ha de proteger, vulnerando sus derechos de forma grave".

Los técnicos de EAIA alertan de una «insuficiencia» de recursos, tanto cuantitativa como cualitativa, y critican la falta de información y directrices claras por parte de la DGAIA. Esta situación comporta que las medidas aplicadas, dicen, «no sean ni útiles ni adecuadas para hacer una protección efectiva de muchos niños y adolescentes», y alertan de que los servicios de protección de menores «no tienen instrumentos para afrontar» la fuga de alguno de los jóvenes de centros de acogida.

También critican la derivación de menores a centros que no les tocan por falta de plazas y saturación de la red, así como los ya citados retrasos en intervenir, que dejan a los menores vulnerables desprotegidos. Los firmantes del informe proponían una revisión «global» del sistema y realizar cambios para poder ofrecer «una intervención más eficiente y protectora».