El Parlament recurre la sentencia judicial que anulaba la exigencia del catalán para ser chófer oficial

El Parlament de Cataluña recurrirá la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) que anulaba la exigencia del nivel B2 de catalán para acceder a las plazas de chófer al servicio de los diputados de la Mesa. La entidad Convivencia Cívica Catalana (CCC) interpuso el recurso por considerar que este requerimiento vulneraba el derecho fundamental de acceso a la función pública.

Este lunes, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha anunciado que presentarán un recurso de casación contra la sentencia del alto tribunal catalán, alegando que la convocatoria se adecuaba a la ley vigente, y criticando la sentencia: «Tiene más elementos políticos que jurídicos», ha dicho.

El TSJC sentenció que para realizar el trabajo de chófer solamente haría falta el nivel de catalán básico, el B1, pero Rull defiende que hay una categoría específica de choferes de representación a los que «se les debe exigir este nivel un poco más avanzado de catalán». Con todo, Rull dice no ser «optimista» sobre la resolución del recurso.

Rull, diputado de Junts, ha insistido en sus críticas a la sentencia del TSJC, señalando que «abre una vía que genera una inseguridad extraordinaria», y ha asegurado que hablará con el consejero de Política Lingüística del gobierno de Salvador Illa, Francesc Xavier Vila. «Lo que queremos es un país normal, donde sus trabajadores públicos puedan utilizar la lengua propia del país con normalidad», ha subrayado Rull.

«Tiene un punto de sarcasmo que el ámbito donde hay una vulneración más clara y evidente de los derechos lingüísticos, que es la justicia, señale justamente al Parlament por una supuesta vulneración de derechos lingüísticos». En 2024, ha recordado, solamente un 6% de las resoluciones judiciales en Catalunya se emitieron en catalán.

Sin efectos prácticos

Fuentes parlamentarias por Europa Press señalan que, en la práctica, la resolución del TSJC no tendrá efectos, porque el proceso de selección al que hace referencia ya se ha culminado y todas las personas que optaron a la plaza tenían el nivel B2 de catalán.

El presidente de CCC, Ángel Escolano, ha reaccionado a las declaraciones de Rull diciendo que «pueden cambiar todas las normas que quieran, pero no podrán exigir para ser chófer un nivel B2 de catalán que no es necesario para el puesto», y ha añadido que «Convivencia Cívica lo impugnará cada vez que lo intenten».

También ha criticado que Rull ataque al TSJC por dictar una sentencia que le es desfavorable: «El TSJC no dicta resoluciones políticas, dicta sentencias fundadas en Derecho para proteger derechos fundamentales, como la igualdad en el acceso a la función pública», ha dicho en X, y ha añadido que lo que sí fue una resolución política fue la ley de amnistía, «la que le indultó a usted a cambio de sus votos en el Congreso».