El presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, en una imagen de archivo
Tribunales
La justicia anula la exigencia del B2 de catalán para trabajar como chófer del Parlament
El TSJC señala que los requisitos lingüísticos suponen una «vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública»
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado nulas las bases de la oposición para cubrir plazas de los chóferes al servicio de los diputados del Parlament que forman parte de la Mesa, presidida por Josep Rull, de Junts. En concreto, el TSJC ha anulado la exigencia del nivel B2 de catalán por vulnerar el artículo 23.2 de la Constitución.
«Nueva victoria judicial en defensa de la igualdad de todos los españoles en el acceso a la función pública», celebra la entidad Convivencia Cívica Catalana (CCC), que interpuso el recurso en el cual se basa la sentencia del TSJC, que constata que la exigencia del B2 resulta una «vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública».
El tribunal concluye que la imposición de ese nivel lingüístico no es proporcional a las funciones del puesto convocado, que está encuadrado en el subgrupo C2, y que constituye un obstáculo injustificado que limita el acceso de los ciudadanos a la función pública, introduciendo una barrera de entrada no amparada por la normativa aplicable.
El TSJC reitera con esta sentencia la doctrina consolidada, según la cual la exigencia de conocimiento de una lengua cooficial sólo es legítima cuando resulta proporcionada y adecuada a las funciones del puesto, siendo inconstitucional cuando se impone de forma indiscriminada o excesiva. «La sentencia pone de manifiesto que la Administración no puede utilizar el requisito lingüístico como mecanismo de exclusión generalizada», destacan desde CCC.
El TSJC pone freno
Para el presidente de CCC, Ángel Escolano, la sentencia confirma que la administración «está utilizando el requisito lingüístico como una herramienta de exclusión, imponiendo niveles de catalán injustificados que expulsan a miles de ciudadanos del acceso a la función pública». Escolano celebra que el TSJC haya «puesto freno» a esta práctica, «restableciendo el principio constitucional de igualdad».
La entidad mantiene abiertos diversos procedimientos judiciales en municipios como Vic, Batea o Amposta, en los que se impugnan exigencias similares y respecto de los cuales se esperan resoluciones en la misma línea.
