Los sindicatos educativos desafían al gobierno catalán y amenazan con más huelgas

El conflicto entre el Govern y los sindicatos educativos entra en una fase de mayor tensión política tras las huelgas de la semana pasada. USTEC, Profesores de Secundaria (ASPEPC-SPS), CGT e Intersindical han decidido escenificar su rechazo frontal a la estrategia del ejecutivo catalán: no acudirán a la mesa sectorial de este jueves por la mañana ni aceptarán reuniones bilaterales, y se presentarán de forma unitaria al encuentro de la tarde con el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau.

Más allá de un gesto puntual, la decisión refleja un pulso de fondo: los sindicatos que lideraron las movilizaciones buscan cuestionar la legitimidad del acuerdo firmado por el Govern con CCOO y UGT, al que consideran políticamente debilitado tras la respuesta en la calle. Su estrategia pasa por reforzar la idea de «mayoría sindical» alternativa y forzar una reapertura del marco negociador.

La imagen de este martes en el Edificio Histórico de la Universidad de Barcelona, donde los sindicatos esperaron sin éxito a representantes del ejecutivo de Illa, ha contribuido a alimentar el relato de ruptura. Para las organizaciones convocantes, la ausencia del Govern simboliza no solo falta de diálogo, sino también una apuesta por reconducir el conflicto sin asumir costes políticos ni renegociar el acuerdo vigente.

El núcleo del desacuerdo es doble. Por un lado, el contenido: los sindicatos reclaman mejoras estructurales en condiciones laborales, como plantillas, salarios y carga de trabajo, que consideran insuficientemente abordadas. Por otro, el método: rechazan la negociación fragmentada y reivindican al comité de huelga como interlocutor legítimo. En este sentido, interpretan la ronda de contactos individualizada impulsada por el Govern como un intento de dividir posiciones.

El secretario de Acción Sindical de Profesores de Secundaria, Ramiro Gil, sintetiza esa lógica de presión al advertir que el conflicto no está cerrado: «El Govern debe rectificar y volver a negociar con la mayoría sindical; tarde o temprano tendrá que hacerlo». Y, si no lo hace, advierten de que en el tercer trimestre habrá nuevas huelgas y movilizaciones.

Este posicionamiento sitúa al ejecutivo en una encrucijada. Mantener el acuerdo con CCOO y UGT implica defender su validez pese a la contestación, pero reabrir la negociación supondría admitir implícitamente que las movilizaciones han alterado el equilibrio sindical. En paralelo, la insistencia de los convocantes en que «no hay normalidad» cuestiona la operatividad de los canales institucionales, como la propia mesa sectorial.

El horizonte inmediato pasa por la reunión del jueves, donde los sindicatos exigen propuestas concretas y un compromiso explícito de negociación. De no producirse, ya han anunciado nuevas huelgas en el tercer trimestre. El conflicto, por tanto, no solo sigue abierto, sino que amenaza con cronificarse en un momento clave del curso escolar, poniendo a prueba la capacidad del Govern para gestionar una crisis que combina desgaste laboral, presión sindical y coste político.