Representantes de los alertadores piden que su protección dependa del Síndic y no de Antifraude

La protección de los alertadores, las personas que denuncian irregularidades dentro de organizaciones públicas o privadas, vuelve al centro del debate en Cataluña. Este jueves, en el Parlament, representantes de este colectivo han reclamado un cambio de modelo: que su protección deje de depender de la Oficina Antifraude de Cataluña y pase a manos del Síndic de Greuges, al considerar que el sistema actual no garantiza suficiente independencia ni eficacia.

La propuesta se ha expuesto en la Comisión de Asuntos Institucionales, donde los alertadores han defendido la necesidad de separar claramente dos funciones: la investigación de los casos y la protección de quienes los denuncian. A su juicio, concentrar ambas competencias en un mismo organismo puede condicionar el reconocimiento de una persona como alertadora protegida en función del recorrido que tenga su denuncia. «Una cosa es investigar y otra proteger», han insistido.

El colectivo también ha puesto el foco en un elemento que consideran clave: la capacidad sancionadora. Denuncian que, desde la entrada en vigor de la ley estatal de 2023 que regula esta figura, la Oficina Antifraude solo ha impuesto una sanción, lo que, en su opinión, debilita la protección real frente a posibles represalias. «Si no hay consecuencias, no hay garantías», han advertido, subrayando que el miedo a sufrir represalias sigue siendo uno de los principales frenos a la hora de denunciar.

De hecho, durante la comparecencia, algunas voces han relatado experiencias personales de desprotección y han reclamado que la gestión de estos casos recaiga en una institución más cercana e independiente. En este sentido, miran hacia modelos como el francés, donde las funciones están repartidas entre distintos organismos.

Mientras tanto, el Govern trabaja en una futura ley catalana para regular de forma específica la protección de los alertadores, con la previsión de aprobarla antes del verano. Una iniciativa que llega tras varios intentos fallidos en los últimos años y en un contexto en el que crece la presión para reforzar los mecanismos de lucha contra la corrupción.

El debate, en definitiva, no es solo jurídico o institucional, sino también de confianza: garantizar que quien da el paso de denunciar irregularidades no quede expuesto, sino protegido de forma efectiva.