1 de cada 4 pisos de la Sareb gestionados por la Generalitat para alquiler social está vacío o con okupas

Actualmente, el gobierno de la Generalitat de Cataluña gestiona 895 viviendas procedentes de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el «banco malo» creado en 2012 para absorber inmuebles de los bancos rescatados con dinero público. De estos casi 900 pisos, cerca de uno de cada cuatro -un 23%- está vacío u okupado ilegalmente.

Son datos de la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AVC), recogidos por la Agencia EFE esta semana. En concreto, de las 895 viviendas gestionadas por la Generalitat, hay 75 que están vacías y 131 que tienen inquilinos ilegales: en total, 206 pisos destinados al alquiler social y la emergencia residencial que no están disponibles por ahora. Las viviendas vacías necesitan obras y reformas para ser habitables, o acaban de ser liberadas por el inquilino anterior.

La mayoría de estos 206 pisos están en la provincia de Barcelona, que concentra 132, mientras que hay 50 en Gerona, 21 en Tarragona y tres en Lérida. La ciudad donde hay más viviendas de la Sareb gestionadas por el Govern es Salt (Gerona), con 27, seguidas de Mataró y Rubí, ambas en la provincia de Barcelona y con 15 pisos cada una. De las 689 restantes, 600 tienen un contrato firmado y 89 están asignadas pero aún sin que se haya firmado el contrato.

Todas ellas están cedidas a la Generalitat en el marco de un convenio firmado con el llamado «banco malo» que caduca el 31 de diciembre de este año. La administración catalana se encuentra actualmente a la espera de recibir los criterios y las previsiones de la Entidad Estatal de Vivienda, originaria de Sepes, para poder firmar los nuevos contratos.

Una situación «preocupante»

Este martes, la portavoz del gobierno catalán y consejera de Vivienda, Sílvia Paneque, calificó estas cifras de «situación preocupante». «Son convenios que están en precario, pero en todo caso los gestionamos desde la AVC: los vacíos están pendientes de alguna reforma o se están adecuando para asignar una familia, mientras que los okupados venían ya okupados», explicó en rueda de prensa.

Paneque detalló que el trabajo que ahora está haciendo la Generalitat es regularizar las situaciones cuando existe un informe positivo de servicios sociales o actuar con desahucio si quien ocupa la vivienda no está en situación de vulnerabilidad. «Tan contundentes somos en desahuciar cuando no existe informe de vulnerabilidad, como en regularizar si el informe de servicios sociales así lo indica», aseguró.

En octubre, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, anunció un pacto con el Ministerio de Vivienda para gestionar 13.000 viviendas y 300 solares procedentes de la Sareb, con el objetivo de ampliar el parque público de vivienda en Cataluña. Según Illa, con este acuerdo el Govern gestionará «todo» el patrimonio que tiene el Sepes en Cataluña por un periodo de cuatro años, prorrogable otros cuatro más.

En la rueda de prensa, Paneque explicó que estas nuevas 13.000 viviendas contarán con «índices de okupación y vacíos que serán similares» a los del paquete actual. «La gestión puede ser diferente, pero los índices de ocupación y vacío serán similares a los que tenemos en ese paquete que estamos gestionando», dijo la consejera, asegurando estar trabajando para revertir estos índices.