Una entidad nacionalista denuncia al gobierno de Illa por mantener el nombre de un pueblo en español

La entidad Cabassers.org –promovida por Carles Prats, de Junts– ha presentado contra el Departamento de la Presidencia de la Generalitat ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) por «mantener la oficialidad de formas ilegales» en el topónimo de varios pueblos catalanes, como Capmany o Cabacés. En el caso de este último, se trata del único municipio catalán que mantiene oficialmente su nombre en castellano.

Según explican en un comunicado, desde Cabassers.org lamentan el «uso arbitrario» del Registro del sector público local de Cataluña y la «inaplicación sistemática» de la ley de política lingüística. En concreto, la entidad apunta a un informe interno de la Generalitat «obtenido mediante peticiones de transparencia» que probaría una «doctrina interna de obstrucción de la Generalitat» para no adoptar las formas catalanas oficiales, Campmany y Cabassers.

Desde esta asociación, creada para «fiscalizar la toponimia oficial catalana», apuntan que la Generalitat es quien tiene la responsabilidad legal última sobre la ortografía de los nombres de los municipios, y no los ayuntamientos. Se da el caso de que en Cabacés el gobierno local es de ERC, pero ni ellos ni la mayoría de vecinos quieren el cambio de nombre.

El nombre de Cabacés se fijó oficialmente entre 1738 y 1742, a través del Instituto Geográfico Español, y se reforzó durante la dictadura franquista. En enero de 2025, Junts y ERC llevaron la disputa a los tribunales: mientras que los de Carles Puigdemont exigen catalanizar el nombre, los republicanos consideran que no es una prioridad para los vecinos.

Ahora desde Junts intentan puentear al gobierno municipal y cargar el peso sobre la Generalitat, aludiendo a la sentencia del Tribunal Supremo que resolvió el conflicto sobre el nombre de La Coruña en 2001. «Esta sentencia obliga a la administración autonómica a corregir de oficio los topónimos para garantizar el cumplimiento de la legislación lingüística, que es lo que la Generalitat se está negando a hacer», aseguran desde Cabassers.org.