Imagen del pueblo de Cabassers
La curiosa lucha de un pueblo catalán gobernado por ERC por mantener su nombre oficial en español
El consistorio de Cabassers invierte más de 3.000 euros en defensa legal para mantener la denominación española frente a la normativa autonómica
La controversia lingüística ha llegado a los tribunales por primera vez en la historia de la aplicación de la Ley de Política Lingüística catalana. El ayuntamiento de Cabassers, en el Priorat, se ha convertido en el primer consistorio en ser llevado ante la justicia por resistirse a cumplir la normativa autonómica que obliga a adoptar las formas catalanas oficiales en la toponimia municipal.
La paradoja del caso radica en que la resistencia proviene precisamente de un equipo de gobierno vinculado a Esquerra Republicana de Catalunya, formación tradicionalmente defensora de la normalización lingüística. La lista «Independents per Cabacés», que ostenta seis de los siete ediles del consistorio, ha optado por mantener la denominación «Cabacés» frente a la histórica «Cabassers», a pesar de que la segunda responde a las directrices del Institut d'Estudis Catalans.
El enfrentamiento se ha intensificado tras la presión ejercida por el único regidor de Junts, quien ha calificado la situación como una «vejación» lingüística y ha exigido el cumplimiento de la legalidad vigente desde 1998. La respuesta municipal ha sido contundente: contratar servicios jurídicos especializados por un importe superior a los tres mil euros para defender su posición ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Tarragona.
La documentación municipal revela que el consistorio ha destinado exactamente 2.700 euros más IVA a un despacho de abogados para oponerse judicialmente a las demandas de cambio toponímico. Esta decisión ha generado críticas transversales, especialmente entre sectores que consideran contradictoria la postura de una formación republicana que históricamente ha abanderado la defensa del catalán.
El caso sienta un precedente inédito en la aplicación de la normativa lingüística autonómica, que hasta ahora no había enfrentado una resistencia judicial tan explícita por parte de una administración local. La resolución del conflicto podría marcar las pautas para futuros casos similares en el territorio catalán.
