Soteras blinda su gestión en la Federación Catalana de Fútbol a golpe de demandas contra la oposición

La gestión de Joan Soteras al frente de la Federación Catalana de Futbol (FCF) parece haber entrado en una fase donde los banquillos de los juzgados tienen tanto protagonismo como el césped de los estadios municipales. El ente federativo, en lugar de rebajar la tensión tras meses de convulsión electoral, ha decidido redoblar su apuesta por la vía judicial, activando una nueva ofensiva legal contra voces críticas y antiguos colaboradores.

Este escenario, marcado por la interposición de conciliaciones y querellas, dibuja un panorama de fractura institucional que amenaza con enquistarse en el corazón del fútbol catalán mientras el control de los fondos públicos y las garantías democráticas permanecen bajo la lupa de la justicia y los organismos de control.

El último capítulo de esta estrategia de judicialización permanente se ha centrado en figuras como Óscar Benítez, criminalista y exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona, sobre quien la FCF ha descargado un arsenal jurídico en forma de acto de conciliación. Lo llamativo de este movimiento no es solo la acción en sí, sino el despliegue de nombres que respaldan la demanda.

Se trata de una lista extensa que incluye al propio presidente Soteras; a su director, José Miguel Calle; al secretario general, Sergi Garrido, y a una amalgama de delegados y directivos que parecen actuar en bloque como una unidad de respuesta legal. Esta movilización del aparato federativo contra una persona vinculada al entorno de la oposición sugiere un intento de blindaje institucional frente a cualquier narrativa que cuestione la gestión de la actual junta directiva.

Otros objetivos

La cúpula de la federación también ha dirigido sus acciones contra Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, y contra Oriol Camacho, quien fuera secretario general de la propia FCF.

El caso de Camacho es especialmente significativo en términos de respeto a las instituciones democráticas, ya que la ofensiva legal nace de sus declaraciones realizadas el pasado mes de enero ante la Comisión de Deportes del Parlament de Cataluña. Que una comparecencia institucional en sede parlamentaria derive en acciones judiciales por parte del ente que estaba siendo fiscalizado plantea interrogantes sobre los límites de la crítica y la libertad de expresión en el marco de la gestión deportiva catalana.

Esta dinámica no es nueva, pero su intensificación coincide con un momento de debilidad jurídica para la federación. A pesar de la contundencia con la que la FCF reparte estas papeletas judiciales, los precedentes recientes no le son favorables. No hace mucho, el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona archivó una querella por injurias y calumnias interpuesta por Soteras contra Juanjo Isern, recordando una premisa básica del ordenamiento jurídico. Esto es, cuando hay hechos bajo investigación penal, hablar de ellos no constituye automáticamente un delito.

El Tribunal Catalán del Deporte (TCE) ha tenido que elevar el tono ante la falta de cooperación de la federación. En un caso relativo al árbitro Antonio Lopo Castillo, el tribunal ha emitido un segundo oficio advirtiendo que el expediente enviado por la FCF está incompleto. La lentitud o la falta de diligencia a la hora de entregar documentación oficial contrasta frontalmente con la rapidez con la que se activan los servicios jurídicos para demandar a críticos.

El TCE no ha dudado en advertir que esta actitud de obstrucción podría derivar en infracciones calificadas como muy graves según la legislación deportiva vigente, recordando que la federación ejerce funciones públicas delegadas y no puede actuar con la opacidad de una entidad puramente privada.

Opacidad financiera

Uno de los puntos que genera mayor malestar entre los clubes y el entorno federativo es la opacidad financiera que rodea a esta hiperactividad legal. Las querellas y actos de conciliación son tramitados por los servicios jurídicos de la federación, lo que implica que el coste de estas batallas personales y políticas se sufraga, presuntamente, con los recursos generados por el fútbol catalán.

Los clubes, que cada fin de semana lidian con el aumento de costes operativos, el pago de licencias y el mantenimiento de infraestructuras, observan cómo el presupuesto de la entidad que debería velar por sus intereses se diluye en una estrategia de litigación constante. La falta de transparencia sobre si estos gastos son asumidos a título personal por los directivos o si forman parte de la partida de gastos federativos es una de las grandes asignaturas pendientes que podrían estallar en la próxima Asamblea General.

El Departamento de Deportes de la Generalitat, encabezado por Berni Álvarez, ha mantenido hasta ahora un perfil bajo, limitándose a la representación institucional y evitando una intervención directa en un conflicto que trasciende lo puramente deportivo para entrar en el terreno de la calidad democrática.

Aunque desde el Govern se predica el buen gobierno y la transparencia, la realidad de la FCF parece discurrir por un carril paralelo donde las reglas del juego son distintas. La pasividad política ante un ente que gestiona miles de fichas federativas y que se encuentra bajo sospecha judicial por fraude electoral es vista por muchos sectores como una dejación de funciones que solo contribuye a prolongar la agonía institucional.

El modelo de gestión de Joan Soteras, apoyado en un núcleo duro donde figuran nombres como José Miguel Calle, se caracteriza por el uso del sistema judicial como herramienta de disuasión. La estrategia parece clara: desgastar al adversario mediante procesos largos y costosos, confiando en que el agotamiento de recursos o el miedo a las represalias silencie cualquier cuestionamiento. Es la política del miedo trasladada a las oficinas de la calle Sicilia, donde la transparencia ha sido sustituida por el secretismo y el debate por la demanda.

La judicialización de la FCF no es un hecho aislado, sino el síntoma de una crisis de gobernanza profunda. Cuando una entidad necesita acudir al juzgado para responder a las críticas de sus propios exsecretarios generales o de los representantes de la transparencia, es que los canales internos de diálogo y fiscalización han fallado estrepitosamente. Las papeletas que reparte Soteras no son de voto, sino de citación, y cada una de ellas aleja un poco más a la federación de los valores de juego limpio y honestidad que debería representar. El fútbol catalán, mientras tanto, sigue esperando que el balón vuelva a ser el único protagonista, aunque por ahora, el silbato que más fuerte suena es el de los tribunales.