Illa esperará a que Montero fracase en Andalucía para anunciar nuevas cesiones al separatismo

El calendario político nunca es inocente. Y en la Moncloa lo saben. También en la plaza Sant Jaume. Por eso el gobierno de Salvador Illa y ERC han decidido acompasar el cierre de los presupuestos catalanes de 2026 a una cita que, en apariencia, nada tiene que ver con Cataluña: las elecciones andaluzas. El mensaje implícito es transparente. Las nuevas concesiones al independentismo llegarán, sí, pero solo cuando María Jesús Montero haya pasado el filtro electoral andaluz y el posible desgaste ya esté descontado.

No es casualidad que las dos partes admitan ya prácticamente cerrado el acuerdo y, al mismo tiempo, retrasen su activación parlamentaria hasta después de los comicios del 17 de mayo. El PSC necesita los presupuestos para consolidar la legislatura de Illa y ERC necesita exhibir victorias tangibles tras años de desgaste institucional y pérdida de poder territorial. Pero tanto el Gobierno central como los socialistas catalanes entienden que anunciar ahora nuevas cesiones competenciales, fiscales o de infraestructuras equivaldría a regalarle munición al PP andaluz.

De hecho, el propio Partido Popular ya ha verbalizado esa lectura política. El portavoz popular en el Parlament, Juan Fernández, habla directamente de una «obra de teatro» diseñada para evitar que el pacto catalán perjudique electoralmente a Montero en Andalucía. La acusación puede ser interesada, pero conecta con una evidencia: el contenido del acuerdo es políticamente inflamable fuera de Cataluña.

Porque detrás de la retórica presupuestaria se esconde algo más profundo: una nueva fase de la normalización del intercambio político entre el PSC y el independentismo republicano. ERC ya no plantea una confrontación rupturista inmediata; plantea una estrategia que supone incrementar la acumulación de poder. Lo llaman «ganar soberanía nacional». Y esa expresión no es retórica vacía.

La negociación

El paquete que negocian PSC y ERC incluye elementos que apuntan precisamente a esa lógica de construcción gradual de estructuras propias. Ahí aparece el refuerzo de la Agencia Tributaria de Cataluña, la futura Autoridad Aeroportuaria de Cataluña o la sociedad mercantil para gestionar inversiones estatales en Cataluña. No se trata todavía de un salto soberanista clásico, pero sí de una transferencia progresiva de capacidad ejecutiva y política.

La pieza más visible del acuerdo será probablemente la llamada línea orbital ferroviaria, el denominado «cuarto cinturón» del tren que conectaría Vilanova i la Geltrú con Mataró sin pasar por Barcelona. El proyecto, valorado entre 4.000 y 5.000 millones de euros, no solo responde a una necesidad de movilidad metropolitana; también tiene una enorme carga política.

ERC pretende venderlo como un cambio de modelo territorial y una victoria propia frente al centralismo barcelonés, mientras Illa busca convertirlo en símbolo de gestión útil y gran inversión pública. Pero la infraestructura también refleja la nueva lógica de la relación PSC-independentismo: Madrid financia, la Generalitat cogestiona y ERC capitaliza políticamente cada avance como una conquista de «soberanía» práctica. No es casualidad que Junqueras haya situado esta obra como condición explícita para el acuerdo presupuestario.

La cuestión aeroportuaria es especialmente significativa. ERC quiere «voz y voto» en la gestión de infraestructuras estratégicas hoy monopolizadas por Aena. La fórmula que se estudia replica parcialmente el modelo pactado con el País Vasco, pero los republicanos ya admiten que su ambición va más allá. El objetivo de fondo es convertir la cogestión en precedente político: primero, participación; después, capacidad decisoria; finalmente, legitimidad para reclamar más competencias.

Lo mismo ocurre con la financiación. ERC había fijado inicialmente como línea roja la cesión de la recaudación del IRPF, una exigencia que el Gobierno no está dispuesto a asumir por ahora. Pero el independentismo republicano ha optado por una táctica más pragmática: aceptar avances parciales a cambio de consolidar un marco bilateral permanente con el Estado. La clave ya no es tanto la ruptura como la bilateralidad estructural. Que Cataluña negocie «de gobierno a gobierno».

En ese esquema encaja la futura comisión bilateral Generalitat-Estado, todavía sin fecha oficial, pero imprescindible para validar buena parte de los acuerdos. El simbolismo importa tanto como el contenido. ERC insiste en presentar cada pacto como un acuerdo entre iguales, no como una concesión administrativa del Ejecutivo central.

Mientras tanto, Illa juega una partida delicada. El presidente de la Generalitat necesita transmitir moderación institucional y estabilidad económica, especialmente ante los sectores empresariales y metropolitanos que le devolvieron al PSC la centralidad política catalana. Pero para sostenerse depende de ERC y de una dinámica de cesiones constantes que erosiona precisamente ese discurso de «normalización».

Ahí emerge la principal contradicción del llamado «nuevo tiempo» catalán. El procés desapareció como choque frontal, pero no como lógica de fondo. Ha mutado. Ya no opera mediante declaraciones unilaterales ni pulsos callejeros permanentes. Funciona a través de presupuestos, competencias, organismos compartidos y arquitectura administrativa. El independentismo republicano ha sustituido la épica por la ingeniería institucional.

Y el PSOE lo acepta porque necesita estabilidad parlamentaria tanto en Cataluña como en Madrid.

El problema para Moncloa es que esa estrategia tiene costes territoriales evidentes. Andalucía sigue siendo un terreno extremadamente sensible para cualquier debate sobre privilegios territoriales o financiación singular catalana. De ahí la decisión táctica de aplazar los anuncios más incómodos hasta después de las urnas andaluzas. No porque el contenido vaya a cambiar, sino porque el momento político sí importa.

En realidad, el aplazamiento ya constituye una admisión implícita: el Gobierno sabe que estas concesiones generan desgaste electoral fuera de Cataluña.

La paradoja final es que Illa llegó al poder prometiendo cerrar la etapa de dependencia del independentismo y ha terminado articulando su supervivencia precisamente sobre nuevas transferencias de poder hacia ERC. Puede hacerlo con un tono más institucional, menos bronco y más tecnocrático que sus predecesores. Pero la lógica parlamentaria sigue siendo la misma: el PSC gobierna porque el independentismo obtiene contrapartidas.

Y ERC, lejos de la retórica de máximos de hace una década, parece haber encontrado una fórmula quizá más eficaz: avanzar sin ruido, competencia a competencia, organismo a organismo, presupuesto a presupuesto.