Illa ficha una «masa gris» de juristas para combatir la obligación de respetar el 25 % de español en las aulas

El gobierno de la Generalitat de Cataluña, liderado por el socialista Salvador Illa, se mantiene enrocado en su defensa de un modelo lingüístico educativo que excluye el español como lengua vehicular. Este martes, el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, confirmó que este seguirá siendo el eje central del modelo para el Govern, con el catalán ejerciendo un rol «predominante» para «compensar» el auge del español en otros ámbitos de la sociedad.

Vila también confirmó que el ejecutivo autonómico no prevé realizar cambios tras la reciente interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ordenaba la ejecución provisional de la sentencia que anulaba parcialmente el decreto aprobado por Pere Aragonès en 2024 para blindar el catalán en los colegios. «En la práctica, no cambia nada», señaló el consejero durante una comparecencia en el Parlament.

Pero el desprecio a las resoluciones judiciales no termina aquí, sino que Vila reveló que la Generalitat ya se está preparando para contratacar una futura sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contraria a la actual exclusión del español en las aulas. «Es evidente que el Govern se está preparando de formas diversas», dijo, señalando que la principal es un «refuerzo» de la plantilla de juristas especializados en derecho lingüístico.

«Una de las cosas que está haciendo nuestra Consejería es dotar al conjunto del Govern de personal especializado en esta área, porque el derecho lingüístico ha llegado a tal extremo de especialización que no puede resolverse de cualquier manera», señalaba Vila, describiendo a este dream team de juristas como una «masa gris» –haciendo un símil con un cerebro– que permitirá al gobierno catalán «responder a los diversos escenarios».

La sentencia del 25 %

En concreto, la preocupación de Vila –un consejero que ejercía de alto cargo durante la anterior legislatura, cuando gobernaba ERC– se centra en la futura sentencia del TC sobre el 25 % de español en las aulas. La doctrina vigente de los tribunales ordinarios –avalada por el Tribunal Supremo– considera razonable fijar este mínimo para garantizar el carácter vehicular del castellano, incluyendo al menos una asignatura troncal en esta lengua, y el TSJC ha aplicado este criterio en múltiples resoluciones recientes.

Sin embargo, el gobierno de Aragonès aprobó en 2022 un decreto ley y una ley para evitar esos porcentajes, estableciendo que no se pueden fijar cuotas y que el español debe tener una presencia «adecuada» sin concretar cifras. Estas normas están recurridas ante el TC, y el sentido de su sentencia será determinante para resolver el conflicto de fondo. Vila aseguró en el Parlament que confía en que el TC «avalará» el modelo actual.

El impacto de la futura sentencia del Tribunal Constitucional puede ser decisivo: si valida las leyes catalanas, el sistema podría evolucionar hacia un modelo flexible sin porcentajes y basado en proyectos lingüísticos de centro; si las declara inconstitucionales, se reforzará la aplicación general del 25 % o de criterios similares. Por último, si adopta una postura intermedia, es previsible una mayor judicialización caso por caso sobre el equilibrio entre catalán y castellano.

«Cualquier escenario posible –señaló Vila– depende de la literalidad de la sentencia que pueda haber», aunque destacó su «apuesta clara» por el refuerzo de los servicios jurídicos y deslizó que, aunque es «obvio» que el gobierno autonómico piensa en «posibilidades diversas», «no tiene sentido» explicar en público la estrategia.

Además, Vila defendió la necesidad de que la futura normativa sobre política lingüística en la escuela sea «sutil y afinada», para «facilitar la desjudicialización» de la vida educativa. «Sin esta desjudicialización no llegaremos al objetivo de conseguir un modelo en el que los profesores no estén tensionados y no tengan miedo de llevar a cabo según qué actuaciones en favor de la lengua».