Illa supera a los separatistas en hostilidad contra el español en Cataluña

La política lingüística del Govern de Salvador Illa ha entrado en una nueva fase. El PSC, que durante años defendió una cierta flexibilidad en la inmersión lingüística y llegó a reivindicar el cumplimiento de las resoluciones judiciales sobre el castellano en la escuela, ha acabado abrazando una estrategia que se puede considerar incluso más ambiciosa que la de los anteriores gobiernos independentistas.

El giro se percibe especialmente en el ámbito educativo, pero ya alcanza prácticamente todos los espacios de la vida pública: desde las aulas hasta la administración, las redes sociales, el comercio o las políticas de integración de inmigrantes.

El último episodio ha sido la reacción del ejecutivo catalán a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de ordenar la ejecución provisional de la sentencia que anuló parte del decreto lingüístico aprobado por el gobierno de Pere Aragonès en 2024. Ese fallo cuestionaba varios artículos que consolidaban el catalán como lengua de uso habitual y preferente en los centros educativos.

Lejos de marcar distancias con la etapa anterior, Illa respondió anunciando que defenderá «hasta el final» el modelo de escuela catalana y que el Govern recurrirá la resolución. Un posicionamiento muy distinto al que mantenía cuando estaba en la oposición.

En 2021 y 2022, tras las resoluciones judiciales relacionadas con el 25% de castellano en las aulas, Illa insistía públicamente en que «las sentencias se tienen que cumplir». Incluso llegó a afirmar que impartir una asignatura más en castellano «no atacaba el catalán». Claro que, entonces, aspiraba a presidir la Generalitat.

Aquella etapa coincidió además con el discurso que el PSC defendió durante el liderazgo de Miquel Iceta. En el congreso socialista de 2019, el partido apostó por introducir «flexibilidad» en la inmersión lingüística y adaptar el modelo a la realidad sociolingüística de cada centro. Dirigentes como Eva Granados o Lluïsa Moret defendían entonces evitar la instrumentalización política de la lengua y respetar las decisiones judiciales.

Sin embargo, el PSC acabó apoyando en 2022, junto a ERC, Junts y los Comunes, la ley lingüística que eliminó las referencias a porcentajes en la enseñanza para neutralizar los efectos prácticos de la sentencia del 25 % de castellano.

Un goteo de decisiones

Desde la llegada de Illa al Palau de la Generalitat, la política lingüística no solo se ha mantenido, sino que se ha reforzado institucionalmente. Una de las primeras decisiones fue crear una consejería específica de Política Lingüística, dirigida por Francesc Xavier Vila.

Ese departamento impulsa ahora el despliegue del llamado Pacto Nacional por la Lengua, el gran plan estratégico del Govern para aumentar el uso social del catalán. El objetivo oficial es incorporar 600.000 nuevos hablantes hasta 2030, con medidas que afectan a educación, administración, justicia, sanidad, empresa y entorno digital. Y para ello, no van a faltar los recursos. Para 2025 se destinaron, en el marco de este pacto, 250 millones de euros. Pero, cada año, como mínimo, 200 millones irán a política lingüística. Es decir, el objetivo de conseguir nuevos hablantes costará a las arcas públicas unos mil millones de euros.

Dentro de esa estrategia, el Govern quiere que los altos cargos de la Generalitat utilicen habitualmente el catalán en todas sus comunicaciones institucionales y trabaja en criterios internos para homogeneizar ese uso. También ha planteado que el aprendizaje del catalán forme parte del proceso de integración de inmigrantes regularizados, vinculándolo a la renovación de permisos de residencia.

La ofensiva lingüística se extiende además al ámbito audiovisual y digital. Este año, la Generalitat ha duplicado las llamadas Beques Propulsió para influencers y creadores de contenido en catalán, con el objetivo declarado de no dejar «ningún nicho digital sin catalán». Al mismo tiempo, ha aumentado hasta los 7,3 millones de euros las ayudas públicas al doblaje y subtitulación en plataformas.

En paralelo, el Govern ha intensificado también las políticas de promoción y protección lingüística en otros ámbitos. La Generalitat ha aumentado su ayuda a 800.000 euros para La Bressola, la red de centros educativos que aplica inmersión lingüística en catalán en el sur de Francia.

Y mientras refuerza las subvenciones, también aumentan las sanciones. En 2025, la Agencia Catalana del Consumo impuso 486 multas por vulneraciones de derechos lingüísticos vinculadas al uso del catalán en comercios y establecimientos, una cifra que supera la suma de sanciones impuestas durante los gobiernos de Carles Puigdemont y Quim Torra.

Todo ello sucede en un contexto de creciente tensión en la escuela. Entidades como Asamblea por una Escuela Bilingüe y Docentes Libres denuncian un aumento de las presiones sobre profesores que utilizan el castellano en los centros educativos.

Según estas asociaciones, las advertencias internas, especialmente a docentes interinos, se han multiplicado este curso. Hablan de correos recordando la obligación de usar «exclusivamente el catalán», de supervisión lingüística y de un clima de autocensura dentro de algunos centros.

La presidenta de la AEB, Ana Losada, sostiene que las quejas recibidas se han triplicado y acusa directamente al PSC de haber endurecido la política lingüística respecto a etapas anteriores.

La evolución resulta especialmente significativa porque el PSC construyó durante años un discurso que intentaba situarse entre el constitucionalismo y el nacionalismo lingüístico. Hoy, sin embargo, sus adversarios le reprochan haber asumido buena parte de las tesis históricas del independentismo, y haberlo hecho desde las propias instituciones de la Generalitat.