Las denuncias a profesores y médicos por no usar el catalán suben un 50 % con el gobierno de Illa

El número de denuncias contra profesionales de servicios públicos por no emplear el catalán —especialmente en el ámbito sanitario y educativo— ha crecido cerca de un 50 % bajo el actual Govern de Salvador Illa. Las reclamaciones, que ya superan las 200 al año en el caso de la sanidad, se tramitan principalmente a través del Departament de Salut y el Síndic de Greuges, en un contexto de creciente tensión política y social por el uso de las lenguas oficiales en Cataluña.

Este incremento se produce pese a que aproximadamente la mitad de los médicos atiende habitualmente en castellano, ya sea por preferencia comunicativa con el paciente o por no acreditar el nivel exigido de catalán. La situación ha reavivado el debate sobre los derechos lingüísticos, especialmente en servicios esenciales como la sanidad, donde la prioridad debería ser —según diversas voces— la calidad asistencial.

El fenómeno no se limita al ámbito sanitario. También en la educación se han registrado episodios de señalamiento a docentes por el uso del castellano, en línea con una política lingüística que refuerza la presencia del catalán en la vida pública. Estas prácticas, impulsadas en muchos casos por plataformas de defensa de la lengua, han consolidado un sistema de fiscalización que algunos sectores consideran creciente.

Desde la asociación Impulso Ciudadano denuncian que esta dinámica refleja una deriva preocupante. «Es lamentable que en Cataluña se asuma con normalidad la constante fiscalización de la lengua que utilizamos», señalan. La entidad defiende que tanto el catalán como el castellano deben emplearse con normalidad en las administraciones, la escuela y los medios públicos, mientras que en el ámbito privado debe primar la libertad.

A su juicio, las políticas destinadas a modificar los hábitos lingüísticos de la población son «profundamente ilegítimas» y responden a una lógica de imposición. «Se pretende convertir el derecho a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en un inexistente derecho a vivir plenamente en catalán», advierten, lo que implicaría, de facto, obligar a los ciudadanos a priorizar esta lengua frente al castellano.

La asociación subraya que en Cataluña no existe un problema real de comunicación, dado que la inmensa mayoría de la población domina ambas lenguas. Por ello, consideran que las medidas actuales generan una presión innecesaria, especialmente en sectores como la sanidad, donde alertan de que «se quiere hacer primar la política lingüística sobre el derecho a la salud».

En el ámbito universitario, Impulso Ciudadano denuncia también un cambio de paradigma: del principio tradicional de libertad lingüística se estaría pasando a la imposición de una lengua concreta. Algo similar, añaden, ocurre en la rotulación comercial, donde ven una «discriminación injustificada» hacia el castellano.

«El resultado es una sociedad donde la imposición lingüística, la falta de libertad y la delación se han convertido en moneda corriente», sostienen. A su entender, este proceso, desarrollado durante décadas, ha derivado en un modelo «cerrado y autoritario», en contraste con una convivencia basada en la igualdad y la tolerancia.

El aumento de denuncias en los últimos meses evidencia que la cuestión lingüística sigue siendo uno de los principales focos de fricción en Cataluña, con implicaciones directas en la vida cotidiana de profesionales y ciudadanos.