Varapalo judicial a la imposición lingüística: el TSJC no frena la sentencia que blinda el 25 % de español

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado los recursos presentados por la Generalitat, la Asamblea Nacional Catalana y varias entidades independentistas contra el auto que ordenaba ejecutar provisionalmente la sentencia que anuló parte del decreto lingüístico aprobado por el Govern de Pere Aragonès en 2024 para blindar el catalán como única lengua vehicular en las aulas.

La resolución del alto tribunal catalán supone, en la práctica, una reafirmación íntegra de su posición inicial. El TSJC desestima el recurso presentado por la Asociación de Abogados de Osona en Defensa de los Derechos Humanos, así como los formulados por la ANC, la Generalitat y el colectivo El Esbarzer, y mantiene intacta la ejecución provisional acordada hace apenas unas semanas.

Fuentes próximas a la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidad impulsora del procedimiento, interpretan la decisión como un respaldo claro a la tesis sostenida por el tribunal desde el inicio del proceso: que la exclusión del castellano como lengua vehicular vulnera derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente.

«El TSJC no se ha movido ni un ápice», resumen desde la entidad. Consideran además que el tribunal ha rechazado todos los argumentos planteados por las organizaciones recurrentes y por el propio Govern, que defendían la validez jurídica del modelo de inmersión vigente.

La resolución llega después de semanas de tensión política y jurídica tras el auto dictado el pasado marzo, cuando el TSJC acordó ejecutar provisionalmente la sentencia que anulaba parcialmente 14 artículos del Decreto 91/2024 de régimen lingüístico. Aquella decisión dejaba sin cobertura legal varios de los preceptos que sustentaban el modelo monolingüe en catalán dentro de la escuela pública catalana.

El tribunal entendía entonces que mantener suspendida la aplicación de la sentencia podía perpetuar una situación contraria a derechos fundamentales como la cooficialidad lingüística, la igualdad o el derecho a la educación, doctrina ya avalada anteriormente tanto por el Tribunal Constitucional como por el Supremo.

Pese a ello, el Govern mantiene su desafío político y educativo. El consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aseguró en el Parlament que la interlocutoria «no cambia nada» en el funcionamiento práctico del sistema educativo catalán y dejó claro que la Generalitat no prevé introducir modificaciones en el actual modelo lingüístico.

Vila defendió que «la política lingüística educativa la decide el Govern y no los jueces» y sostuvo que el modelo de inmersión acabará siendo avalado por el Tribunal Constitucional. También minimizó el alcance efectivo de la resolución judicial y acusó implícitamente a la AEB de intentar condicionar el sistema educativo a través de los tribunales.

Mientras tanto, desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe reconocen las limitaciones reales de la ejecución provisional. Admiten que el auto del TSJC no implica automáticamente que todos los centros educativos cambien sus proyectos lingüísticos de forma inmediata, especialmente si la Generalitat opta por no aplicar activamente la resolución.

La entidad explica que, sin una actuación directa de la administración autonómica, solo puede utilizar la sentencia para apoyar reclamaciones individuales de familias o docentes concretos. «No tenemos capacidad material para obligar a que se cumpla en todos los centros», reconocen fuentes de la asociación, que denuncian además una estrategia deliberada de desgaste judicial por parte de las administraciones y entidades independentistas mediante la presentación sucesiva de recursos.

Aun así, la AEB considera que el nuevo pronunciamiento del TSJC fortalece jurídicamente las reclamaciones contra proyectos lingüísticos que excluyan al castellano como lengua de aprendizaje. Según su interpretación, la escuela catalana entra ahora en una fase de inseguridad normativa en la que el modelo vigente pierde parte de su sustento legal mientras el Tribunal Supremo resuelve definitivamente los recursos de casación pendientes.

El conflicto mantiene así abiertos dos frentes paralelos: el judicial, donde el TSJC sigue reafirmando la necesidad de adaptar el sistema al principio de cooficialidad lingüística, y el político, con un Govern decidido a preservar el actual modelo de inmersión pese a los sucesivos reveses judiciales.